A pesar de la dura protesta de cuarenta países ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por las trabas a las importaciones dispuestas por el Gobierno argentino y la amenaza latente de sanciones por parte del organismo internacional, la presidenta Cristina Fernández está decidida a no dar marcha atrás en su política comercial. Muestra de ello fue la determinación de denunciar un acuerdo de comercio bilateral con México y restringir la importación de autos de ese país. La medida, difundida el fin de semana por voceros del Ejecutivo, constituye en los hechos una réplica directa al gobierno mexicano, uno de los países que, junto a Estados Unidos y la Unión Europea, firmó la protesta presentada ante la OMC por “la aplicación de medidas restrictivas al comercio” por parte de la Argentina.

En ese marco, fuentes oficiales advirtieron que el Ministerio de Industria, que conduce Debora Giorgi, analiza “denunciar unilateralmente” y “dejar sin efecto” el Acuerdo de Complementación Económica 55 (ACE 55) que regula el comercio bilateral entre ambos países a fin de obligar a ese país a renegociar las pautas del comercio bilateral del sector, que desde 2008, comenzó a generar un saldo deficitario para Argentina. Según deslizaron desde la administración kirchnerista, el objetivo de Giorgi es revertir esa tendencia a través de un mayor acceso de vehículos de producción local al mercado mexicano y a una mayor integración de piezas nacionales en la industria automotriz mexicana.

“Es imprescindible encontrar nuevas pautas de comercio para equilibrar en forma urgente la balanza del sector”, advirtieron desde el Gobierno. El año pasado el déficit con México en el sector fue de aproximadamente u$s 1.000 millones. Si el Gobierno avanza con su amenaza, se vería afectado el ingreso al país de los modelos Tiida, Sentra y Frontier de Nissan, Vento, New Beatle y Bora de Volkswagen, Journey de Dodge, CRV de Honda, PT Cruiser de Chrysler y Aveo de General Motors.

Las quejas presentadas por más de 40 países ante la OMC también generaron preocupación en las principales cámaras empresarias locales. Ayer, el Grupo de los 6 de Córdoba expusieron su temor frente a los efectos de las medidas adoptadas por el Gobierno para controlar el comercio internacional. “Las consecuencias de limitar el comercio exterior, más allá de las reglas de la OMC, afectan la producción, el comercio y la prestación de servicios y trae aparejados efectos más profundos en toda la actividad económica, con el consecuente impacto social”, alertaron las entidades a través de un comunicado de prensa.