Dos menores fueron detenidos por un robo que no existió, sufrieron apremios ilegales en la comisaría décima y la moto en que circulaban desapareció. "Es un caso muy grave", dijo el Defensor Público Provincial. Piden que investigue Asuntos Internos.
Para Ganón "es un caso muy grave, porque la policía los quería detener y les armaron una causa falsa. Fueron torturados en la comisaría y no contentos con eso, ahora la moto no aparece, porque en la comisaría 30º donde fueron trasladados, les dicen que no saben cómo pero la moto desapareció". Ante ello, el funcionario indicó que la Defensoría intervendrá en la defensa de uno de los pibes.
Al mismo tiempo, Ganón adelantó que comenzó a trabajar en un registro de violaciones a los derechos humanos que se realizará desde este organismo en conjunto con ONG`s relacionadas con la problemática. Los monitoreos serán realizados por personal de la defensoría, y a fin de año se espera tener un primer informe sobre la cantidad de casos.
"Hemos recibido reclamos de personas privadas de la libertad. Seguiremos pautas internacionales para el monitoreo en las comisarías. Cada vez que tenemos una situación que llega a nosotros, intervenimos como corresponde", apuntó.
En la elevación de la denuncia al Juzgado de Instrucción 6º, el fiscal Corbella plasma los dichos de los padres de Nicolás. Tras ser sometidos en la comisaría 10º, los pibes fueron trasladados a la 30º. "Los metieron en un calabozo solitario y luego de tres horas llegaron dos policías que le dijeron a Nicolás: `vos no prestaste la moto a nadie'". Más tarde fueron fichados y se encontraron allí con el padre de Nicolás a quien un oficial le dijo: "Yo le pegué al pibe porque se me paró de manos". Al mismo tiempo les comunicaron que habían cometido "un robo y que estaban armados". La versión que la policía le dio a los padres de los pibes, da cuenta que el robo surgió de un llamado al 911, donde una presunta víctima los acusó. En ese momento, los chicos "no fueron informados sobre sus derechos, ni el objeto del acta, ni sus consecuencias", dijo Corbella.
Antes de retirarse, la policía les informó a los pibes que se había dispuesto el arresto domiciliario hasta el miércoles siguiente, cuando tenían que declarar en Tribunales. Una vez en el Juzgado de Menores Nº 2, donde los padres aseguraron que "no les hicieron saber sobre sus derecho de contar con un defensor", manifestaron que "no intervino la jueza, ni la secretaria, ni el asesor de menores, ni el defensor".
Los afectados por la situación manifestaron en la fiscalía que están "en una situación de incertidumbre e indignación, ya que no saben de qué lo acusan; nadie asistió técnicamente al menor, recibió agresiones de la fuerza de seguridad afectándose un cúmulo de derechos elementales de toda persona que torna inaceptable la falta de respuesta de los órganos del Poder Judicial y de los institutos de asistencia que dependen del Ejecutivo".
Por todo ello, y en el marco de la investigación que se iniciará, Corbella solicitó: "Informes del médico forense; que se libre oficio al juzgado de menores sobre las actuaciones seguidas (a los dos chicos); que se cite a los menores asistidos por los defensores; que se dé intervención a Asuntos Judiciales de la Policía, para que personal de esa dependencia se constituya en las comisarías 10º y 30º y requiera la exhibición del libro de guardia del 4 de marzo pasado; y que se cite a los policías sindicados por los reconocientes para declaración informativa".
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