Cientos de familias fueron desalojadas durante la mañana de este jueves de un predio que habían ocupado en Palmira. Los vecinos, alterados, quisieron evitar que un camión saliera cargado de muebles del asentamiento y el Cuerpo de Infantería de la Policía los sacó con palos. De esta situación, resultaron doce personas demoradas por resistencia a la autoridad, dos de éstas están más comprometidas; también hay tres policías lesionados (les tiraron ladrillos y piedras) y hasta esta tarde, dos familias permanecían en el lugar. Se hizo presente en el lugar el ministro de Seguridad Carlos Aranda.

El asentamiento se había instalado en un baldío de 20 hectáreas, entre la variante de la Ruta 50 y el Carril Chimbas de San Martín. Los terrenos pertenecen a tres propietarios distintos, y sólo dos de ellos iniciaron acciones para su desalojo. Uno fue la familia Castro, dueña de 18 de las hectáreas ocupadas, y el otro fue la Unión Vecinal José Hernández. Por el contrario, las viviendas montadas sobre la parcela perteneciente a la "Fundación Educar" no fueron tocadas.

Desde temprano, la presencia de efectivos de la Policía en el lugar anticipó los incidentes qué más tarde ocurrirían. No sólo el helicóptero de las fuerzas de seguridad vigilaba los precarios hogares desde las alturas, sino que dentro del asentamiento, ubicado junto al barrio "Villa Obrera", las motocicletas de la UMAR, la policía montada y el cuerpo de canes monitoreaban la situación. Incluso un escuadrón del Grupo Especial de Seguridad (GES), seguía cada movimiento de los fiscales por las calles del territorio ocupado.

En un primer momento, los habitantes de las casas -que más tarde serían demolidas- aceptaron sin resistirse el vallado dispuesto por los uniformados. Sin embargo, más tarde los enfrentamientos se volverían inevitables. Incluso cuando todo parecía calmo, un hombre, identificado como "Flecha" García, fue demorado por resistirse a la autoridad. Ésta fue sólo la primera de una serie de detenciones que se darían horas más tarde.

Mientras que algunas de las personas prefirieron desmantelar sus improvisadas viviendas, otros se mostraron reacios a esta alternativa. Entre ellos se encontraba el propio padre de "Flecha", Hugo Carlos García. Este último intentó evitar que uno de los camiones provistos por la municipalidad se fuera del predio cargado con muebles. Para lograr este objetivo, el hombre corrió cerca de 200 metros y se paró frente al camión en movimiento, obligándolo a frenar. Tras él, llegaron los demás vecinos e improvisaron una barricada humana.

La tensión en ese momento se tornó casi incontenible. Los efectivos de infantería comenzaron a posicionarse frente al vehículo para abrirle camino y, luego de que los desalojados entonaran las estrofas del Himno Nacional, los uniformados avanzaron y se enfrentaron con los vecinos.

Como consecuencia del violento choque, tres oficiales resultaron heridos por piedrazos lanzados por algunos de los presentes, y debieron ser trasladados al Hospital Perrupato. Por el otro lado, cuatro individuos fueron arrastrados a la fuerza hasta una camioneta de la Policía y los trasladaron a la Comisaría 12. En total, hubo doce personas demoradas.

Cuando terminaron los desmanes, muchos de los vecinos le pidieron permiso a la Policía para que ingresaran vehículos a buscar sus pertenencias, que fueron retiradas lentamente. Sin embargo, otros tantos permanecieron firmes en la negativa a abandonar el predio ocupado, sitio en el que ya había instalado el servicio de luz y de agua, y exigían que se les dieran terrenos adonde construir. Mientras estos negociaban, las topadoras continuaban trabajando en el terreno.

La palabra oficial

La fiscal a cargo de la causa de la familia Castro, Mónica Fernández, aseguró que el desalojo se había realizado "de forma pacífica". El número de habitantes en el asentamiento no está claro, ya que desde la fiscalía hablaban de "unos 300", mientras que los vecinos declararon ser más de 200 familias, lo que implica alrededor de mil personas.

Por su parte, es secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Martín, Oscar González, aseguró que buscan "trabajar desde el respeto al orden y a la propiedad privada". Según manifestó el funcionario, "hay grupos que han venido alterando el buen dialogo con la gente", y también hablo de personas "que ya tienen propiedades" y sin embargo ocuparon la parcela.

"Queremos que se trabaje respetando las normas, con construcciones edificadas legalmente, porque si no tendremos problemas en el futuro. No apoyamos a la gente que quiere trabajar en condiciones de ilegalidad", argumentó.