Mientras continúa sin funcionar el tomógrafo recientemente enviado por la Nación, recordemos que el anterior había dejado de funcionar en el mes de agosto de 2012 como parte del cumplimiento de su vida útil, los estudios que requieren esta tecnología de diagnóstico son derivados a un centro privado de la ciudad de Resistencia, que mediante un convenio con el Ministerio de Salud Pública canaliza los requerimientos del hospital público.

Sin embargo, un nuevo interrogante se abre sobre la igualdad de oportunidades para “todas y todos” los pacientes del sistema público, debido fundamentalmente a la capacidad, en cuanto a tamaño y peso, de los equipos disponibles. Es que cada fabricante establece los parámetros adecuados para el buen funcionamiento de sus equipos y uno de ellos es el peso del paciente.

Si bien la mayoría de los fabricantes establece un rango de entre los 140 y 150 kilogramos, existen equipos que soportan pesos superiores así como algunos que ponen como límite máximo los 100 kilogramos. Esta última cifra representa una limitación importante ya que un gran número de personas sobrepasan ese peso corporal.

Al menos fue el caso de un hombre de 44 años de edad que sufrió un ACV (accidente Cerebro Vascular) el día viernes por la noche, siendo trasladado de inmediato al Hospital Perrando donde recibió la atención del caso. En el nosocomio le informaron que era necesaria una tomografía para poder evaluar el área del cerebro afectada pero que el tomógrafo del hospital presentaba la limitación de los 100 kilogramos y el peso de este paciente rondaba los 130.

Sin especificar a los familiares que se trataba de un tomógrafo privado, ya que el equipo del Perrando no está funcionando, y mucho menos aclarar si era una limitación del fabricante o una decisión del propietario como forma de proteger su equipamiento, a este paciente no se le practicó el estudio sugerido y al momento de publicar esta nota continuaba en estado crítico.

Un amplio sector excluido

En el mes de octubre de 2012, la Cámara de Diputados del Chaco sancionó una norma que establece la obligatoriedad, en el ámbito de la provincia, de contar con un mínimo de 3 sillas o asientos adecuados para obesos en restaurantes, confiterías, bares, pubs y similares, salas de espectáculos, cines, teatros y en todo organismo y dependencia pública o privada con atención al público.

De esta manera los legisladores chaqueños avanzaron en el reconocimiento de derechos y realizaron su aporte en la lucha contra la discriminación de personas con obesidad. Sin embargo, esta iniciativa que establece amoblamiento adecuado en lugares de esparcimiento, no se ocupa de esas mismas personas ante la enfermedad.

En momentos en que el Gobierno provincial, junto a las autoridades sanitarias, evaluaron el funcionamiento del sistema de salud en el Chaco, ponderando las enormes inversiones en infraestructura, con un verdadero récord de hospitales y centros de salud construidos; las fuentes consultadas por SoloChaco.com no pudieron confirmar si en el Area Metropolitana, tanto en lo público como en lo privado, existe, o está prevista la instalación de equipos de diagnóstico que contemplen a personas con sobrepeso.