Se trata de la creación de cuentas individuales para pagar impuestos y servicios públicos, creadas en forma gratuita por los Bancos que así tendrían una instancia más para atraer clientes.

Brito se lo propuso al diputado del Gen Gerardo Milman, autor de otra de las iniciativas para reformar la ley de entidades financieras que rige desde el último Gobierno militar. Fue cuando lo recibió junto a toda la cúpula de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) que preside.

Esa entidad la integran además el vicepresidente primero Antonio Garces (Banco Galicia); el segundo, Enrique Eskenazi (Banco San Juan); el tercero, Eduardo Elsztain (Banco Hipotecario); y el cuarto, Jorge Stuart Milne (Banco Patagonia). Y la completa el secretario Guillermo Cerviño (Banco Comafi) y el Tesorero (José Luis Pardo (Banco Marivia).

Y mantiene una estrecha relación con el Gobierno, que cristalizaron cuando emitieron un comunicado de apoyo a la presidenta durante la dura disputa que tuvo con la oposición en el verano por el rol del Banco Central.

Pero este lote de banqueros ahora apuesta a que al menos una parte de la ley de entidades financieras que el viernes presentó el Pro junto a peronsmo federal avance en la Cámara de Diputados, aún cuando la otra que está en discusión es nada menos que la impulsada por el aliado K Carlos Heller.

Es que el proyecto fija entre otras cosas que “el pago de tasas y contribuciones nacionales se efectuará a través de las entidades, sus sucursales, red de corresponsalías o unidades bancarias móviles, por medios electrónicos” y que “el pago de los servicios públicos se hará progresivamente a través de dinero electrónico”.

Justo lo que Brito le pidió a Milman y que Heller prefirió no sumar en su proyecto. Como planteó Pinedo, el titular del Banco Macro aspira a aumentar el escaso nivel de bancarización que hay en Argentina, que no alcanza el 16%, muy por debajo de Europa pero también de países limítrofes como Chile y Brasil.

Es ese déficit el que impide la expansión del crédito y, sobre todo, lo encarece. Tanto Pro como Milman establecen que el sistema financiera debe ser un servicio de interés público y no “público” a secas como el de Heller, lo que para la mayor parte de la oposición podría derivar en una fuga de depósitos.

El proyecto comenzó a discutirse la semana pasada en la Comisión de Finanzas de Diputados con exposiciones de representantes de la asociación de consumidores y continuará con varios meses de audiencias. Los banqueros, seguramente, tendrán la oportunidad de hablar.

Resta saber qué coincidencias tendrá la oposición y si es capaz de forzar un dictamen de mayoría que tenga chances de prosperar en el recinto. Sino, todo seguirá igual.