Propone medidas para blanquear la economía y aumentar el crédito. La iniciativa competirá con la presentada por el oficialista Carlos Heller. Según Pinedo, del PRO, el plan K es “que la actividad sea un servicio público de titularidad estatal y que se otorguen créditos por ley”.
La iniciativa para reformar la ley -que data de la última dictadura militar- fue coordinada por el presidente del bloque PRO, Federico Pinedo, consta de 203 artículos, y terciará en la discusión sobre una nueva ley de entidades financieras que se empezó a debatir en la Comisión de Finanzas de Diputados, con propuestas alternativas del kirchnerista Carlos Heller y Gerardo Millman (GEN).
El proyecto también fue firmado por el diputado reutemanista Wálter Agosto; Gustavo Ferrari -alineado con Francisco De Narváez-; el jefe del bloque Peronista, Marcelo López Arias; Eduardo Amadeo, del Peronismo Federal, y los macristas Jorge Triaca y Paula Bertol.
Pinedo señaló a través de un comunicado que “el objetivo del nuevo proyecto es generar un cambio estructural de largo plazo para tener una economía productiva, con mucho ahorro, mucha seriedad y mucho crédito”. “Para eso proponemos herramientas que generen más alternativas de ahorro y un blanqueo generalizado de la economía, que hoy es negra en un 50 por ciento”, indicó el diputado.
Asimismo, rechazó “la propuesta de Heller que busca que la actividad sea un servicio público de titularidad estatal y que cree que se puede otorgar créditos por ley”. Así, estimó que “la Argentina seguirá con préstamos al sector privado de 12 por ciento del Producto Bruto en lugar de 70 como hay en Chile”.
El proyecto propone crear nuevos instrumentos que permitan actualizar el capital de acuerdo al valor de precios de diferentes productos, obligando a que los préstamos estén calzados en la misma forma. Para blanquear la economía, postula un sistema generalizado de débitos directos y cuentas de débito gratuitas con beneficios fiscales, para pagar impuestos, tasas y servicios públicos.
Además crea el Defensor del Usuario y un tribunal administrativo para resolver los reclamos de los clientes. Para beneficiar a los usuarios del interior, permite que diferentes comercios puedan ser corresponsales de bancos.
El proyecto beneficia el crédito mediante la creación de centrales de balances de empresas, premiando a los cumplidores. Por otro lado castiga los comportamientos monopólicos que puedan llevar a tener tasas injustificadamente caras
“También son estrictas las medidas de control del riesgo, para que los irresponsables no terminen pasándole sus deudas al pueblo, como ha pasado tantas veces. Lo mismo sucede con las normas de lavado de dinero”, puntualizó Pinedo







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