Perdió la batalla en Diputados, pero tiene más poder en la Cámara Alta. El oficialismo dice que en lugar de privar a los presos de las salidas transitorias hay que crear un régimen especial para los que cometen delitos violentos.
Claudia Torres, vocera del oficialismo en el tema y miembro de la comisión Bicameral de Seguridad, confirmó este lunes que el bloque del PJ buscará impulsar un proyecto diferente de Código de Ejecución de la Pena al que radicales y demócratas impusieron en la Cámara Baja.
La legisladora indicó que el peronismo volverá a la carga con un despacho alternativo que hace hincapié en el tratamiento de los internos antes de salir a la calle. Ese modelo, defendido por los funcionarios del área, fue ignorado por la oposición en Diputados.
En su lugar la alianza de la UCR y el PD apoyó un Código que directamente impide la salida anticipada de los reclusos en todo tipo de delitos violentos.
Entre numerosas críticas, el oficialismo advirtió en ese momento que el proyecto del diputado radical Luis Petri puede ser inconstitucional y se tornaría inaplicable a la brevedad. La inconstitucionalidad, según la óptica oficialista, podría derivar de la desadhesión a la ley 24.660, que regula las condiciones de la pena a nivel nacional y que es menor rigurosa que la provincial.
También indicó el Gobierno que el proyecto de Petri puede poner en jaque la infraestructura carcelaria, dado que el 80 por ciento de los presos no podrá acceder a salidas anticipadas.
Esa posición volverían a defender los legisladores del PJ ahora, el Senado, esta vez fortalecidos por un panorama donde cuentan con más votos para tratar cambiar la iniciativa.
Tratamiento ágil. Torres aseguró que el Código de Ejecución de la pena del radical Petri tendrá "un tratamiento ágil en el Senado, pues ya hubo mucho debate en Diputados". No obstante, advirtió a la vez que el peronismo "va a impulsar el despacho que considera mejor".
Estas declaraciones confirmaron las ambigüedades del PJ en este tema, que en Diputados aprobó en general el proyecto del radicalismo para no quedar mal con los familiares de víctimas de delitos pero se opuso al articulado de la iniciativa cuando se trató en particular.
En la Legislatura hay quienes atribuyen el respaldo inicial al proyecto de Petri a una maniobra del vicegobernador Carlos Ciurca, quien mantiene un buen diálogo político con el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo. Sin embargo, consultada al respecto, la senadora Torres confirmó las críticas oficialistas a la propuesta de la UCR y la idea de impulsar el proyecto propio.
Torres ratificó que el proyecto radical "tiene errores" y planteó que no es conveniente dejar de adherir a la ley nacional 24.660.
También indicó que la alternativa peronista hace hincapié en el tratamiento de los presos y torna más exigente la posibilidad de pasar de fases en la rehabilitación. Estas medidas, a juicio del peronismo, prepararán mejor a los internos antes de retornar a la vida en sociedad.
Flexibilidad. Uno de los aspectos centrales de la crítica peronista es que la restricción de las salidas transitorias no sería impedimento para que los reclusos salgan a la calle, debido a que ellos pueden acceder a la libertad condicional al cumplir dos tercios de la pena.
Por eso el despacho justicialista elude la inclusión de nuevos delitos en el listado de hechos que frenarían las salidas anticipadas. Esas figuras delictuales representan precisamente el corazón del proyecto radical-demócrata: a partir de la sanción de esta ley, nadie que cometa algún tipo de homicidio o que robe con armas tendrá acceso a ese beneficio.
El bloque peronista quiere evitar que esa diferencia se entienda como un respaldo a los delincuentes. Por ello, Torres afirmó que el modelo de Código que plantea el oficialismo no es más flexible que el del radicalismo. "No flexibiliza el régimen, sino que plantea restricciones y un tratamiento especial para aquellas personas que cometen delitos violentos", explicó Torres.
La estrategia política del oficialismo en el Senado no está totalmente definida pero gira en torno a plantear una "ley seria y cumplible", sin que eso signifique bloquear el reclamo de figuras sociales de peso, como el padre del joven Matías Quiroga, que exigen dureza con los delincuentes.
"Vamos a hacer modificaciones viables", señaló al respecto Torres, aunque aclaró que la "ley Petri" irá a una sola comisión, la de Legislación y Asuntos Constitucionales, para evitar que se dilaten las discusiones.
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