Un período escolar enrarecido Con signos de irresponsabilidad

Una vez más, el inicio del ciclo lectivo esquiva la normalidad. Es que los docentes de nivel primario y secundario decidieron, en asamblea, realizar un paro de 72 horas a partir de hoy lunes, como muestra de insatisfacción a la propuesta de mejora salarial realizada por funcionarios del Poder Ejecutivo.
Desde el gobierno habían anticipado que respetarían el piso 1.740 pesos a partir del mes de marzo y 1.840 en julio. A ello, añadieron la incorporación de 50 pesos al básico y 50 pesos no remunerativos y bonificables. Sin embargo, para los maestros de nivel primario el ofrecimiento fue considerado insuficiente y decidieron, otra vez, archivar las tizas, dejando las aulas vacías.

Llamativa decisión tomó la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), si se tiene en cuenta que en CTERA, casa matriz del sindicalismo docente, habían celebrado el acuerdo, a punto tal de definirlo como una muestra de dignificación a los hombres y mujeres de la educación. Es más, en congreso extraordinario realizado en Capital Federal, prácticamente la totalidad de los congresales decidieron avalar el Acuerdo Paritario.

Por ello, no son pocos los que creen que las rencillas internas que hoy vive el gremio, fueron razones de peso para forzar la decisión de ir al paro y de esa forma, vigorizar la imagen de la actual conducción, sumida en intensas críticas por parte de sus afiliados. Así las cosas -y al margen de las "victoriosas" declaraciones mediáticas- el saldo no es favorable ni para los dirigentes ni los funcionarios, puesto que serán los propios alumnos lo que no podrán tomar clases, exponiéndose a perjuicios severos. No en vano, el titular de la cartera de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, había pedido "seguir discutiendo salarios con las clases empezadas"

Se sabe, en estos casos, que los afectados no son los niños ni niñas de sectores más privilegiados, sino, por el contrario, el alumnado de sectores marginales que recurren, gran parte de ellos, a las escuelas públicas para tener igualdad de oportunidades en el futuro. La propia Presidenta utilizó una frase que grafica, con sencillez, el impacto de tal decisión: "No hay peor educación que la que no se tiene". Evidentemente lo que aquí sucede es una contradicción entre aquellos valores que defienden los sindicatos docentes de reconocida historia militante y las tristes consecuencias de sus actos, producto de la coyuntura.

Así las cosas, es previsible imaginar una escalada de tensiones en la negociación mucho más si se considera que en Jujuy, los gremios docentes jamás acuerdan en soledad. Lo hacen, en cambio, al amparo del Frente de Gremios Estatales y las organizaciones sociales. Prueba de ello es que todos ya pidieron una audiencia en carácter "urgente" con el Gobernador y el titular de trabajadores municipales anticipó que "no aceptarán sumas en negro".

¿Las razones? Es mucho más cómodo para los dirigentes negociar en conjunto y esconder sus diferencias debajo de la alfombra. De esa manera, el impacto de las medidas de fuerza se multiplica y las posibilidades de conseguir mejoras salariales es mayor.

Sin embargo, las derivaciones de esta actitud parece ser la profundización de una crisis estructural en Jujuy, producto de la dependencia alarmante que la mayoría de las familias tiene con el Estado. No hay que olvidar que gran parte de la deuda pública de la provincia es producto de aumentos otorgados bajo presión y sin la menor previsión durante los años 90, hecho que sigue repercutiendo en las arcas locales y afectando las posibilidades de gestionar nuevos fondos para cumplir con los compromisos ya establecidos.

Así las cosas, la historia de disputas gremiales parece una escena que se repite, con los mismos protagonistas, las mismas actitudes y las mismas consecuencias. Una rueda que gira, pero que no llega a ningún destino deseado, salvo la especulación sectorial y las vanidades personales, que flaco favor le hacen al futuro de una provincia que necesita, imperiosamente, empezar a vivir en paz para construir, entre todos, los cimientos de un futuro más equitativo y solidario.

Desafío: recuperar el Jujuy que supo ser

Uno de los grandes nuevos problemas que debe afrontar el jujeño, es el sostenido crecimiento de hechos delictivos, situación que se encuadra en el estado de inseguridad cada vez más profundo instalado en todo el país.

En las últimas décadas Argentina no pudo y no supo contrarrestar las condiciones de inseguridad que se fueron arraigando en la estructura social, haciendo mella tanto en los sectores más vulnerables como en aquellos que aún flotan y se mantienen en superficie en el escenario de crisis económica y moral generalizada.

Aunque las responsabilidades propias son innegables e inocultables, no menos cierto es que los niveles de violencia que caracterizan hoy a los países latinoamericanos también es causal de las amenazas que se alzan sobre nuestra provincia.

Los episodios delictivos están, son reales, como también lo son las víctimas y prueba de ello son las crónicas policiales que día a día nutren el contenido informativo de los medios de comunicación sin excepción.

Urge la adopción de medidas que permitan poner coto a esta situación de la que nadie escapa. Si bien los tiempos apremian y las necesidades en materia de seguridad integral no dan lugar a largos márgenes de tiempo para la reflexión, es imprescindible la realización de estudios que posibiliten una acabada y mejor comprensión de este flagelo que impiadosamente arrastra vidas y bienes y proporcionen alternativas para detenerlo.

El delito es un fenómeno de compleja composición. Está concebido y condicionado por factores sociales, políticos, psicológicos y sociales. Precisamente por su profunda complejidad, resulta tarea no sencilla abordar la problemática de manera global y desmenuzar el binomio delito - criminalidad. Tal vez allí la respuesta a los análisis siempre parciales del tema con las soluciones consecuentemente parciales e insuficientes, exponiendo a las personas a un riesgo real y en plena indefensión.

La más reciente respuesta del gobierno es el Plan Provincial de Seguridad: un conjunto de acciones articuladas en diferentes sentidos que buscan dar soluciones a una demanda, cada vez mayor aunque no intensificada en comparación con otros distritos, de contención de hechos delictivos.

Jujuy supo ser tierra de paz y calma en tiempos que hoy se extrañan. Por este motivo, desde hace meses que distintas discusiones públicas centran la atención en esta situación: la inseguridad expresada en diferentes formas y contextos. Desde luego pueden escucharse desde especulaciones alarmistas, hasta razonamiento más acertados. Sin embargo, de lo que se trata es de encontrar soluciones, evitando la estigmatización de algunos actores sociales o medidas efectistas que de poco sirven. Como se puede observar, el desafío no parece sencillo.

Comentá la nota