La polémica entre la Cámara de Restaurantes, Bares y Afines de Playa Grande (Carba) y el Municipio entró en un nuevo episodio. La intención del gobierno comunal de controlar que se cumpla la normativa vigente se mantiene firme. Los dueños de los locales de esparcimiento nocturno de la zona de Alem responsabilizaron a la Comuna por el “perjuicio económico constante” que sufrirían a partir de numerosas clausuras. “Nosotros no vamos a permitir una trasgresión a las normas municipales a cambio de que el empresariado gane más dinero”, determinó Adrián Alveolite, subsecretario de Control.

A través de un comunicado de prensa, el directorio de Carba anunció que la Justicia de Garantías había ordenado levantar la clausura de un boliche -Mr. Jones- cerrado el domingo en horas de la madrugada. A partir de allí, tildaron de ilegales los procedimientos de control de la Municipalidad. Sin embargo, Alveolite explicó que “la medida judicial no resolvió sobre el fondo de la cuestión”.

La Justicia de Garantías dispuso el levantamiento de la clausura hasta el miércoles -una vez pasados los feriados nacionales- cuando se pondría en funcionamiento el Juzgado de Faltas, organismo que tiene competencia natural para resolver. El Juzgado Nº5, a cargo de Susana Maffioni, dictaría sentencia la semana próxima.

Alveolite adelantó que se recurrirá la medida judicial a través de la Procuración Municipal. Los pasos legales podrían luego llevar el caso a la Justicia Correccional, y en caso de que continúen las apelaciones, se recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, máximo órgano y la última instancia decisoria.

Mr. Jones, al momento de ser clausurado, excedía en más de un 100% el factor ocupacional establecido en 281 personas. “Lo que no queremos es que quede el antecedente que ante una medida adoptada por el Municipio, la Justicia ordene el levantamiento de una clausura que puede poner en riesgo la seguridad y la vida no sólo de las personas que eligen un determinado lugar, sino también de los trabajadores”.

En este sentido, el subsecretario de Control planteó que “el análisis que hace la Justicia penal, no tiene en consideración algunas circunstancias que hacen a la reincidencia y la gravedad de esta falta”.

“Si bien, una vez evacuado el lugar, la peligrosidad del hecho puntual por el que se puso la clausura, naturalmente, ha cesado, está en evidencia la conducta reiterada y sistemática de violación de las normas. Particularmente, en este local, en los últimos seis meses mereció la clausura en tres oportunidades, duplicando y hasta triplicando el factor de ocupación. La Justicia -entendemos- no tiene en consideración estas circunstancias”, comprendió el funcionario.

Alveolite sostuvo que en este tipo de casos “tiene que intervenir la Justicia de Faltas y no la Justicia ordinaria”, e interrogó: “¿Qué pasaría si al día siguiente sucediera un siniestro en este lugar?”.

A pesar del avance de los empresarios, el subsecretario de Control afirmó que durante este fin de semana se seguirá “clausurando e infraccionando todos los locales de los diferentes corredores nocturnos cuando violen las normativas municipales, provinciales y nacionales”. “Para nosotros la seguridad y la salud pública no resisten cuestionamientos de ilegitimidad o de incompetencia como ellos aducen”, aseveró.

En relación a la denuncia penal que los empresarios dijeron haber hecho contra el titular de Inspección General y el personal actuante en la madrugada del pasado domingo, Alveolite mencionó que aún no fueron notificados. En sentido contrario, dijo que “en ese procedimiento, en virtud de una situación de hostigamiento que padecieron parte los inspector municipales que actuaron en el operativo, se debió concurrir a la seccional novena de la policía para efectuar una denuncia contra una persona que cometió agresiones y amenazas físicas contra el personal que actuó en el procedimiento”. Dijo que se presume que la persona identificada prima facie como Matías Iriart sería parte del paquete accionario de la firma.

El funcionario municipal planteó que es sistemática la violación de las normas por parte de ese bar. “Desde el 1º de enero de 2007 a la fecha este lugar fue intervenido en 23 oportunidades, labrándose actas contravencionales por diferentes irregularidades”.

COMPETENCIA

Sobre la falta de competencia que plateaba el empresariado de los inspectores municipales o la administración pública municipal para disponer de estas medidas, Alveolite contrarrestó que “hay sobrada doctrina y numerosos fallos jurisprudenciales en la materia que dan cuenta de la potestad municipal en el contralor de estos aspectos que hacen a la tutela de valores públicos como son la seguridad y la salubridad, principalmente”.

En este marco, señaló que hay un antecedente jurisprudencial muy importante en un caso similar. Y enseguida relató que existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense en un acuerdo ordinario al momento de dictar sentencia en la causa B. 65.108, que fue planteada por el intendente de San Isidro, contra el Juzgado en lo Correccional Nº2 de esa localidad, en una causa por conflicto de poderes. “Naturalmente, el máximo órgano judicial resolvió que la Municipalidad de San Isidro tenía potestad suficiente para intervenir en la materia”, remarcó.

Además, añadió que “la ordenanza municipal 5.355 expresa con claridad que el Estado Municipal tiene plena facultades para disponer clausuras cuando no se reúnen condiciones de seguridad”.

Alveolite también desechó la acusación por un supuesto comportamiento abusivo de la administración o el accionar de los inspectores. “Es importante sostener que el abuso de autoridad nunca se produce cuando se hace la interpretación de una norma”.

- Desde Carba acusan al gobierno municipal como responsable de “pérdidas económicas constantes”, le mencionó El Atlántico.

- Si ellos han hecho una determinada proyección de su negocio sostenido, quizás, en la violación al ordenamiento jurídico vigente… Todo tiene que tener un límite: uno no puede pretender ganar más dinero a costa de poner en riesgo la seguridad y la vida de las personas. Nosotros no vamos a permitir una transgresión a las normas municipales a cambio de que el empresariado gane más dinero. Naturalmente que nos interesa que al empresariado le vaya bien, porque le va bien a los trabajadores y así se retroalimenta la economía local, pero siempre dentro de los parámetros del respeto por los derechos y del cumplimiento de las normas.

Traslado de bares: apoyar la iniciativa no da lugar a las infracciones

Vecinos de la zona de Alem lanzaron cuestionamientos contra Alveolite ante la posibilidad de que sean otros los comerciantes trasladados a la Escollera Norte, por lo que el problema de la nocturnidad no tendría solución en su barrio.

En este sentido, el subsecretario de Control determinó: “El proyecto del traslado de los bares es una de las cuestiones que proyectó esta administración como resolución al conflicto. Nosotros no podemos obligar a los empresarios vinculados con los locales de esparcimiento nocturno de Alem a trasladarse a otra zona. El hecho de que en su momento los empresarios hayan apoyado la iniciativa, no les da vía libre para seguir cometiendo infracciones”, sostuvo.

“Las normas son iguales para todos”, dijo y añadió: “Ellos van a tener que tener un comportamiento mucho más responsable y si no lo tienen naturalmente el Estado municipal tiene la facultad para disponer la baja definitiva de la habilitación”.

“Los vecinos tienen que saber que el Estado municipal está preocupado y ocupado de una problemática que lleva muchos años en la ciudad. Esa preocupación nos lleva a seguir velando por el cumplimiento de las normas municipales y por los derechos que tienen los vecinos, en correlato con los derechos de los comerciantes, todos en un justo equilibrio y dentro del marco de la ley”, concluyó.