Para los ministros del STJ, el peticionante Mario Cimadevilla no pudo demostrar que el decreto de convocatoria lesionara los derechos de la UCR, y en todos los casos, citaron en el fallo como dato relevante las declaraciones periodísticas de los mismos dirigentes radicales.
Dice el fallo que en esos recortes de diarios aportados por el Gobierno, «importantes referentes políticos de la UCR, al mes de haberse dictado el decreto atacado, han formulado declaraciones que denotan una visión partidaria diametralmente opuesta a la que se alega en esta acción». Y se alude a expresiones de dirigentes como Raúl Barneche o Carlos Maestro, en las que sostienen que «la UCR puede cumplir acabadamente con los plazos electorales» y «las internas se realizarían a fin de año».
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