Está a punto de cumplir 30 años y fue una de las caras más destacadas en los dos juicios que se realizaron en Mendoza contra los represores que actuaron en la provincia en la última dictadura militar.

Es un producto genuino de la Universidad Nacional de Cuyo, que la cobijó primero en el Colegio Universitario Central y luego en la Facultad de Derecho. Se llamar Romina Ronda y es la persona elegida por el gobernador Francisco Pérez para que se convierta en la próxima subsecretaria e Justicia, un lugar en el que se ha evidenciado una importante puja de intereses por ser considerado estratégico en el rol entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

La figura de Ronda surgió luego de caída la postulación de Horacio Báez, el camarista penal que aparecía primero entre los candidatos de Pérez. El juez había ganado varios adeptos en su camino hacia la Casa de Gobierno, especialmente desde los sectores progresistas. Sin embargo, desde que su nombre apareció en el tablero político, comenzaron los tires y aflojes entre quienes entienden que esa subsecretaría es una fuente de poder en las sombras.

La idea de llevar a Báez se frustró luego que la Corte votara en contra de concederle licencia. El máximo tribunal entendió que el juez tenía prohibido constitucionalmente pasar al Ejecutivo porque, más allá de la licencia, continuaba siendo un magistrado. La única manera era renunciando. Y, a poco de jubilarse, Báez desistió. Así votaron Jorge Nanclares, Carlos Böhm y Herman Salvini.

En cambio, Alejandro Pérez Hualde y Pedro Llorente no tenían inconvenientes pero nunca fundamentaron su voto a favor. De todos modos, en esa definición, lo más destacado fue la ausencia de Mario Adaro, quien, justo antes de la votación, salió de vacaciones.

En el Ejecutivo comprendieron que parte de la operación para impedir que Báez llegara a Justicia fue orquestada por el ex ministro de Gobierno, quien, de haber estado presente, tendría que haber votado a favor de otorgar la licencia para que su oposición no fuera tan evidente. A partir de ese momento comenzó una nueva búsqueda.

Esta vez, el gobernador apostó a su amistad con Omar Palermo, fiscal federal para las causa vinculadas con delitos de lesa humanidad. De esa relación salió la opción de Romina Ronda. Y Pérez decidió ir hacia adelante, para luego comunicar la noticia al ministro de Gobierno, Félix González, que quedóal margen a la hora de elegir a la persona que ocupará un cargo que, según el organigrama, está bajo su potestad. A pesar de que a nivel judicial su nombre se relaciona fácilmente con los organismos de Derechos Humanos, Ronda no viene de la militancia política. De hecho, fuera de los tribunales forma parte de Xumec, una de las ONG más reconocidas en Mendoza sobre esta materia. Dentro de la Justicia federal tuvo un papel silencioso aunque muy efectivo en los juicios contra los represores en Mendoza, asistiendo permanentemente al fiscal Dante Vega. Además, tuvo un gran desempeño en la investigación realizada por la fiscalía especial, que terminó con el procesamiento de los ex camaristas federales Luis Miret y Otilio Romano.

Como abogada, en su entorno la reconocen como técnicamente brillante. Eso le permitió en poco tiempo subir escalafones en la fiscalía que comanda Omar Palermo. Ingresó con el cargo de "medio oficial" para luego ascender a "prosecretaria" y convertirse finalmente en secretaria y responsable de la oficina que monitorea e investiga las causas ligadas con los delitos cometidos durante la última dictadura militar. Ronda contará con un fuerte andamiaje político para evitar que los temas coyunturales la absorban y le pasen factura a su corta edad.

Sin bien la Subsecretaría de Justicia es la que maneja la política penitenciaria de la Provincia –actualmente en crisis-, la función de su titular no sólo es clave en el contacto entre el Gobierno y el Poder Judicial, sino que esa área también interviene en el proceso de designación de los futuros jueces mendocinos. De allí la importancia, y por eso las internas. En el caso de Ronda, los tironeos políticos parecen haber quedado de lado, y la interna del PJ que se avizoraba se desarticuló a partir de los antecedentes de la candidata. En su corta carrera, Romina supo cultivar una muy buena amistad con María José Ubaldini, subsecretaria de Derechos Humanos y mano derecha de Adaro cuando el actual miembro de la Corte era ministro de Gobierno y lideraba las querellas contra los represores. Ese vínculo abriría la puerta para el visto bueno de Adaro, quien se convirtió en un jugador fuerte en el tema. Ubaldini la llevó un tiempo al Ejecutivo cuando Derechos Humanos era una dirección y dependía del Ministerio de Gobierno.

Las dos muestran orgullosas en sus currículos una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humano. En el caso de Ronda, obtuvo ese privilegio luego de participar y ganar un concurso. Después llegó el momento de probarse en la fiscalía. Fue allí donde se ganó la confianza y el respeto de Palermo, a tal punto que, cuando Pérez pidió un nombre para ocupar ese espacio vacío, el suyo surgió naturalmente.