El secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, marcó una vez más un quiebre con la postura del gobernador Jorge Sapag con respecto a los alcances del decreto 1277 -que centraliza el control de la actividad hidrocarburífera- y advirtió que "si los gobernantes no dicen lo que tienen que decir, nosotros vamos a salir a decirlo en defensa de los intereses de los trabajadores".

El jueves Sapag relativizó los alcances de la norma y consideró que no afecta la potestad de las provincias sobre los yacimientos.

Ayer repitió los conceptos durante su visita a Barrancas.

"La Constitución Nacional del ´94 garantiza el domino de la provincia en el gas y en el petróleo y en los recursos del subsuelo y también el suelo. Ese dominio es irrenunciable, es inalienable, así que no puede un decreto venir a sino formar parte de esta pirámide jurídica y se ubica en el último lugar. En primer lugar está la Constitución Nacional. Después esta la ley de hidrocarburos, está la ley corta, que quede claro que este decreto, simplemente por lo que me dicen las autoridades de Nación, quiere que Nación homogeneice la política de control de inversiones en toda la República", sostuvo el gobernador.

Pereyra -un hombre de peso en las líneas del MPN y flamante segundo de la CGT de Hugo Moyano- reiteró su total rechazo al decreto y aseguró que generará un perjuicio "gravísimo" y como gesto de repudio convocó a una asamblea del gremio para este lunes a las 11, en la que adelantó que reunirá a 10.000 trabajadores que podrían ir al paro.

Los cuestionamientos de Pereyra fueron muchos. Afirmó que así como están las cosas al megayacimiento Vaca Muerta "no viene nadie a invertir" y que los anuncios como el convenio con la petrolera venezolana Pdvsa "son cortinas de humo", hasta asegurar que el decreto que creó la comisión nacional de hidrocarburos "apunta directamente a quedarse el gobierno nacional con las regalías que tienen las provincias". Y en ese sentido aseguró que "le quieren dar el mismo tratamiento que al fondo sojero" y remarcó que ello "llevaría prácticamente a las provincias productoras de hidrocarburos, que viven de las regalías, al quiebre financiero".

En declaraciones radiales, el dirigente gremial e integrante por ese sector del directorio de YPF, destacó que "esto no es solamente un tema de los petroleros sino que acá hay un tema generar, porque van a caer los puestos de trabajo y se van a paralizar todas las actividades". E ironizó que las justificaciones dadas por Sapag son válidas "solamente si modificaron el decreto en la madrugada porque si alguno lo lee, avasalla claramente los derechos, el patrimonio y la soberanía de las provincias".

Con la amenaza de una huelga de petroleros, Pereyra fue más allá y, a días de que el gobierno de Sapag haya enviado a la Legislatura el proyecto para la emisión los bonos Ticafo por 300 millones de dólares, indicó que "la provincia está condicionada a obtener préstamos y créditos porque Nación no se lo autoriza".