Así consideró el líder petrolero el decreto que da facultades al viceministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, para controlar el sector hidrocarburífero.
“Me parece una barbaridad que se viole la Constitución Nacional con este poder que se le da al viceministro Kicillof, violando la Constitución del ’94, violando la Ley Corta, con la modificación de la Ley (de Hidrocarburos) 17.319”, señaló Pereyra, en diálogo con LU5 AM 600.
El líder petrolero e integrante del directorio de YPF se refirió de esa forma al decreto que creó la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones, que regulará los sectores del downstream (refino, venta y distribución) y el upstream (exploración y producción), mediante una fuerte intervención estatal.
La nueva normativa resta poder a las provincias productoras y centraliza las decisiones en el gobierno nacional.
Las facultades de la flamante Comisión avanzan sobre la Ley Corta de Hidrocarburos, que en 2006 transfirió a los estados productores el dominio originario sobre los yacimientos y su administración, la autoridad de aplicación y el poder de policía sobre la industria.
Según el Decreto 1.277, que reglamenta la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, las empresas tienen hasta el 30 de septiembre para inscribirse en el Registro de Inversores y presentar sus planes anuales con detalles técnicos, desembolsos y recuperación de reservas. Si la Comisión rechaza el plan, la petrolera deberá reformularlo. También podrá realizar sanciones que, en casos extremos, llegarían hasta la quita de concesiones.
Con la Ley Corta, las provincias negociaban los planes con las empresas y tenían la potestad de otorgar y sacar concesiones al ser el poder concedente.
En el caso de Neuquén, la nueva comisión también podrá influir en los intereses de la petrolera estatal G&P, que cuenta con áreas propias, la mayoría de ellas en sociedad con las principales operadoras que están en el país.
“Los gobiernos de las provincias productoras de petróleo deben recurrir directamente a la Justicia para que se revea esta situación”, señaló Pereyra, quien sumó un nuevo capítulo a sus críticas al gobierno nacional.
Pese a ser nombrado por la Nación en el directorio de la YPF estatizada, el gremialista mantuvo su alianza con Hugo Moyano, en la interna de la CGT, y respalda su reclamos para que el salario mínimo, vital y móvil se ubique en los 3.500 pesos.
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