El destituido presidente del Tribunal de Cuentas, Natalio Guillermo Peres, pidió dejar la administración pública a través del retiro anticipado. El requerimiento ya lo está tramitando el Instituto de Seguridad Social y, si no surgen contratiempos con los requisitos que se exigen para acogerse al beneficio, el okey saldrá automáticamente, confiaron fuentes de ese organismo.

Peres ocupó la presidencia del TdeC durante el marinismo, el vernismo y los primeros años del jorgismo, hasta que el 1 de marzo de 2009 fue destituido del cargo por un jurado de enjuiciamiento que, por unanimidad, lo encontró culpable de "mal desempeño de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, e incompetencia o negligencia reiterada demostrada en el ejercicio del cargo". A partir de ese momento pasó a ser un empleado jerárquico de la Subsecretaría de Trabajo.

El ex funcionario, más allá de recibir el retiro, deberá seguir aportando a la caja previsional hasta completar la edad mínima de 65 años. Hasta ese momento no cobrará el total del haber jubilatorio.

En 2010, de acuerdo a las declaraciones juradas publicadas en el Boletín Oficial, Peres era el segundo funcionario más rico de La Pampa, con un patrimonio de más de dos millones y medio de pesos.

Peres debe afrontar a mediados de febrero un juicio oral y público por el delito de violación de los deberes de funcionario público en dos oportunidades, debido a que no controló "deliberadamente" -según la calificación de la jueza Florencia Maza cuando lo procesó hace más de dos años- dos cuentas corrientes del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda por donde se desviaron 960.456,21 pesos entre 1999 y 2003. Hoy esa suma actualizada supera los tres millones de pesos.

Además está acusado de haber firmado el dictamen 3/99, permitiendo de esa manera que el TdeC tuviera un sistema de control "precario" y "meramente formal" de los dineros públicos de los contribuyentes pampeanos. Las audiencias debieron realizarse el mes pasado, pero fueron postergadas debido a que el fiscal Fernando Rivarola adujo que tenía exceso de trabajo. En caso de ser hallado culpable podría ser condenado hasta con dos años de prisión.

Debido a los desvíos que hubo a través de esas dos cuentas, un grupo de funcionarios y empleados del IPAV fueron condenados por sustracción de dineros públicos y pago de coimas, entre ellos el ex vicepresidente ejecutivo Hugo Agüero y el ex gerente general Luis Araniz.

Maza también resaltó que el propio Peres admitió indirectamente que debía controlarlas cuando dictó la resolución 19/04 disponiendo hacerlo a partir del 1 de abril de 2004.