El ex presidente del TdeC estuvo más de dos horas frente a la jueza que dijo que no controló "deliberadamente", pero su situación no cambió. Tiene hasta mañana a primera hora para apelar ante el TIP.
Vaya paradoja: Peres se había presentado el pasado martes 6 a la mañana, en el Juzgado de Instrucción 7, a la indagatoria dispuesta por Maza acompañado por el abogado César Augusto Rodríguez. Ese día no habló, más bien especuló con leer primero el expediente y después eventualmente abrir la boca. La jugada le salió mal. No pensó que la jueza actuaría con tanta rapidez. Ella tenía diez hábiles para resolver su situación procesal, pero al cuarto día lo procesó por cometer el delito de violación a los deberes de funcionario público en dos ocasiones.
Esta vez fue diferente. Concurrió a media tarde al tribunal, a pedido suyo (para ampliar la indagatoria), con nuevo abogado (Carlos Amado porque Rodríguez renunció a la defensa) y con muchas ganas de hablar. Eso sí, también con el procesamiento sobre las espaldas, por lo que seguramente debió redoblar sus esfuerzos para intentar insertar una cuña en el pensamiento de la magistrada. Y aunque hipotéticamente le haya cambiado alguna idea, la medida ya estaba dictada y será el Tribunal de Impugnación quien la confirme o la revoque.
Maza, en el auto de procesamiento, sostuvo que Peres, al no controlar y al firmar el dictamen, violó el artículo 103 de la Constitución provincial, que dice que "el Tribunal de Cuentas fiscalizará la percepción e inversión de las rentas públicas provinciales, y las cuentas de las instituciones privadas que reciban subsidios de la Provincia, referidas a la inversión de las mismas", y la Ley Orgánica del TdeC que dispone "intervenir en el control previo, y en el ulterior juzgamiento de las rendiciones de cuentas, de las operaciones financiero-patrimoniales de los poderes del Estado y de los organismos autárquicos o descentralizados, a fin de verificar la legitimidad de los trámites".
Por la guardia.
Peres llegó a las 16 a la Ciudad Judicial, junto a su defensor, y quiso ingresar por la puerta habitual. No pudo, estaba cerrada. Debió hacerlo por la guardia policial. Después, sentado ante la jueza, habló y habló. Buscó contrarrestar los fundamentos que tuvo ella para procesarlo y dejarlo más cerca del juicio oral y público.
No es difícil imaginar que durante la extensa declaración, que finalizó poco antes de las 19, fundamentó porqué no violó la Constitución ni la Ley Orgánica y porqué cumplió con lo que ambos textos le ordenaban como presidente del cuerpo.
Fue una escena extraña: ¿qué decir sabiéndose procesado y conociendo que esa situación no iba a cambiar? Ahora el único que puede cambiarle la situación procesal es el TIP y tiene plazo hasta mañana a las 9 para recurrir el procesamiento.
Sobre la falta de control de las dos cuentas del IPAV de Tesorería y Habilitación, la jueza habló de una "omisión deliberada" porque las autoridades de Vivienda no las ocultaron; por el contrario las incluyeron desde 1999 en las Cuentas de Inversión anuales que llegaron al TdeC. Además remarcó que Peres admitió explícitamente que el organismo debía controlarlas cuando dictó la resolución 19/04 para hacerlo a partir del 1 de abril de 2004.
Con relación al dictamen 3/99, Maza, en las 42 carillas del escrito, señaló que con esa normativa "direccionaron a que los controles posteriores se hicieran, a través de los relatores, de una manera meramente formal; carente de sustento lógico y de legitimidad, y contrariamente a la Constitución y a la Ley Orgánica". Y acotó: "Esa resolución contrarió el deber genérico de fiscalización porque, justamente, por su caprichosa e ilógica letra, permitió el déficit o precario control posterior" de las rendiciones del IPAV y fue dictada "con pleno conocimiento de su ilicitud".
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