Los ex funcionarios están acusados del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no controlar "deliberadamente" dos cuentas del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV), de donde se desviaron más de 900.000 pesos entre 1999 y 2003, y también por firmar el dictamen 3/99 permitiendo un sistema de control "precario" de los dineros públicos.

Durante la audiencia, el ex presidente del TdeC cuestionó directamente los controles de los relatores del organismo y de la Contaduría General de la Provincia, a cargo del Ministerio de Economía. Dijo que esa área tenía la responsabilidad del control de las erogaciones cuestionadas.

Antes de iniciar el juicio, el defensor oficial Pablo de Biasi -más allá de que el Estado debe garantizarle un abogado a todos los ciudadanos, se supone que la prioridad es para los más carecientes- planteó la prescripción de la causa y la absolución de Peres. Le pidió al juez Ralli que resuelva la cuestión antes del dictado de la sentencia, solicitud que fue acompañada por el fiscal Fernando Rivarola para continuar con el proceso. Sin embargo, el magistrado ratificó su decisión previa y definirá cuando dé a conocer la sentencia.

De acuerdo a fuentes judiciales, si se hubiese suspendido nuevamente el debate oral y público, como pretendía la defensa, el mismo no se podría haber llevado a cabo porque en abril prescribía la causa. Lo llamativo es que Ralli, al no definir la prescripción, se arriesgaría a que el juicio pueda ser declarado nulo.

No declaró.

El ex vocal del tribunal, Rivero, se negó a declarar ayer en la primera audiencia del debate oral y público que continuará hoy por la mañana en la Ciudad Judicial. Sin embargo, sí prestaron declaración ante el tribunal otros dos testigos: Carlos González, ex director de Prensa de Casa de Gobierno, y Fidel Nicoletti.

Peres y Rivero son acusados del delito de violación de los deberes de funcionario público por omitir controles a dos cuentas recaudadoras del IPAV. De éstas, se sustrajeron 960.456 pesos. Es más, por eso fueron condenados el ex vicepresidente y el gerente del instituto de la vivienda pampeano, Hugo Agüero y Luis Araníz. "No puedo ser responsable del peculado de un empleado", afirmó Peres ayer ante el tribunal.

Ambos ex funcionarios también están acusados de firmar el dictamen 3/99, "contrario" a la Constitución Provincial que descargaba la responsabilidad del control en el cuerpo de relatores del TdeC. El delito que se investiga prevé penas de hasta dos años de prisión.

"Soy inocente".

Durante su declaración, Perés se mostró exaltado y hasta tuvo algún encontronazo con Ralli. Principalmente, el acusado descargó responsabilidades en los relatores y en Contaduría General de la Provincia, en esa época a cargo de María Teresa Tulio -realizó la auditoría que detectó irregularidades en el IPAV-. "Cómo voy a permitir que una cuenta no se rinda, es un disparate", indicó.

Peres señaló que el tribunal no debía controlar las cuentas recaudadoras del instituto sino que eso le correspondía al Ministerio de Economía, a través de Contaduría General. "El tribunal no controla cuentas, controla gastos. Esa es responsabilidad exclusiva, por ley, de la contabilidad provincial", aseguró el ex funcionario.

Antes de comenzar con su declaración, el acusado se quejó por el inicio del proceso. Dijo que no se respetaron sus derechos y que la imputación que se le sigue es "infundada". "Estoy yendo a juicio por un invento", advirtió Peres.

Por otro lado, el imputado cuestionó directamente al cuerpo de relatores, que nunca hicieron una "observación" en esos cuatro años. Aclaró que a él le correspondía actuar en esos casos, que aparentemente no se registraron, y también si es que existe un dictamen para aprobar.

"Decir que delegábamos el control en los agentes de menos categoría es desconocer. Hay una ignorancia supina sobre el sistema renditivo", afirmó Perés. Señaló, sobre las cuentas del IPAV, que eran "gastos ilegales, un delito. No se rindió jamás, era imposible rendir".

"El presidente ni el vocal realizan el control: lo hace el relator -continuó-. Eso está establecido por la ley. No puedo elegir que lo haga otra persona'. Eso deberían conocerlo antes de acusarnos", indicó, dejando en claro que para defender pateó la pelota hacia los niveles más bajos del organismo.

En su defensa, el ex presidente del TdeC defendió el dictamen 3/99. Lo calificó como "constitucional", y recalcó que no tuvo conducta dolosa en ningún momento. Por último, ante el juez Ralli, Perés destacó el sistema renditivo que impulsó durante su gestión para mejorar los controles.

Nota dudosa.

Uno de los puntos llamativos del expediente es una nota que aparece sobre una auditoria que llevó adelante, supuestamente, el área de Contaduría General de la Provincia sobre las cuentas del IPAV en el 2000. La misma cuenta con la firma de la ex contadora general, Tullio, y está dirigida al entonces ministro de Hacienda y presidente del IPAV, Ernesto Franco.

Sin embargo, lo realmente curioso es que el formulario en el que está escrita la nota se imprimió en abril de 2003, cuando la misiva está fechada en letra manuscrita el 31 de enero del año 2000 con la firma de Tulio.

González, y Fidel Nicoletti, empleado de la imprenta de Casa de Gobierno, declararon ayer durante la primera audiencia del debate oral y público y ratificaron que el formulario no se pudo imprimir antes de la fecha indicada.