De esta manera acotó que «nos reunimos con el fin de buscar viabilidad. En el caso de Vieyra, nosotros tenemos a la firma un proyecto de intervención y la Cámara de Diputados de Santa Cruz tiene un pedido del Diputado por el Pueblo de Puerto Deseado para una expropiación, con lo cual hay herramientas que el Estado va a tener que utilizar en función de la nula resposabilidad social de la empresa. Si bien está afectada por un problema interno a nosotros nos deja más de 100 trabajadores en la calle y con un fuerte golpe a la industria de la pesca en la provincia».

«En el caso de CONARPESA –continúo- uno ve empresarios con escaso o nula responsabilidad hacia nuestras problemáticas, nos trasladan los problemas que tienen fuera del país en sus casas centrales y la realidad es que están pescando en aguas nacionales, pero si ellos no son capaces de llevar adelante el proceso tendrá que ser el Estado quien lo haga a través de diferentes mecanismos».

Al respecto consignó que «CONARPESA tiene bloqueada su planta en Caleta Paula (Caleta Olivia), por los propios trabajadores, para que no saque el último producido, y todos coincidimos en que el empresario se va a ir porque con el despido de la gente dejó en claro cuál es su mirada ante la realidad política y social de la provincia. Una Santa Cruz que fue con él bastante generosa en cuanto al crecimiento de su patrimonio».

De esta forma dijo que «debe haber intervención, específicamente, en los permisos nacionales de esta gente para buscar una salida, si no es con ellos con los que decidan reemplazar a estos empresarios ricos con empresas pobres, que terminan cargando en las espaldas de la gente y del Estado provincial los inconvenientes que ellos mismos generaron».