Peralta se reunió con acuartelados, pero no había consenso uniforme para levantar paro

Hasta avanzada la noche de ayer persistían dudas sobre la posibilidad de que el masivo acuartelamiento de la Policía de Santa Cruz llegara a su fin. A mediodía, el gobernador Daniel Peralta se reunió con representantes de los sublevados para ofrecerles una última propuesta salarial. Luego se sucedieron asambleas y consultas a localidades del interior donde subsistían sectores de reticencia.
Debido a que un agente sin antigüedad venía cobrando un salario neto de aproximadamente 5.100 pesos, los acuartelados pidieron inicialmente que se eleve a casi 9.000. Luego de varias propuestas y contrapropuestas, el gobierno finalmente ofreció ayer 6.700, de acuerdo a la tabla del “valor punto” que regula sus ingresos, el cual era de 15,6 y ahora se elevó a 21,9.

Además, prometió elevarlo a 26 en el mes de marzo de 2013, al margen de reconocerse los gastos por renovación de uniformes, borceguíes y hasta las balas de armas reglamentarias.

Al mismo tiempo se habló de la posibilidad de que no hubiera sanciones ni descuentos por los días no trabajados y de que las partes realizarán periódicas reuniones mensuales para tratar cuestiones que hayan quedado pendientes, además de aspectos vinculados a la modernización de la fuerza.

El jueves por la noche, cuando se gestó la reapertura de las negociaciones, gran parte del personal de las siete comisarías de Río Gallegos comenzó a retornar a sus funciones y se despejaron las carpas instaladas frente a la Casa de Gobierno como “un gesto de buena voluntad”.

Las mismas se desarrollaron en ese mismo ámbito, entre las 12 y las 15, con la presencia del gobernador, miembros de su gabinete, el jefe de la Policía, comisario general Mario Hasan, y el diputado Alejandro Victoria, quien fue el “mediador clave” ya que gracias a su intervención se pudo restablecer el diálogo.

Por el sector de los hasta entonces insubordinados concurrieron once representantes, entre ellos el principal propulsor de la protesta, Mario Monsalvo, cuya restitución a la institución policial quedó pendiente.

PERALTA ESTABA

ESPERANZADO

Al concluir el encuentro, el gobernador Peralta se mostró esperanzado en que se levantara la medida de fuerza, señalando que las conversaciones fueron francas y en un marco de respeto pero no quiso revelar puntualmente lo que se había ofrecido, aunque citó que todo estaba enmarcado en las restricciones presupuestarias que afronta la Provincia.

Por otra parte, en el capitulo referido al pedido de modernización de la fuerza policial, el mandatario dijo que es un tema del cual nadie tiene que hacerse el distraído, ni siquiera la oposición política ya que todos tienen que aportar opiniones para tal fin.

Finalmente reiteró su anhelo de que el conflicto pudiera llegar pronto a su fin dado que la ciudadanía requiere de su policía, habida cuenta que el problema generado “es muy serio”, a tal punto que hubo que pedir la ayuda de fuerzas federales para preservar la seguridad pública.

DISCREPANCIAS

Lo cierto es que tras ese encuentro y a medida que avanzaban las horas, se fueron sucediendo una serie de discrepancias entre sectores de acuartelados de distintas localidades, algo que repercutió en el mandato de los representantes que negociaban en Río Gallegos, motivando que la asamblea de los mismos pasara a un cuarto intermedio hasta las 22.

A modo de ejemplo, se supo que mientras en Río Gallegos, gran parte del personal de distintas dependencias aceptaban la última propuesta, en Caleta Olivia no existía consenso mayoritario favorable entre efectivos del Comando Radioeléctrico, de la alcaidía y de las comisarías Segunda y Tercera. Algo similar ocurría con los de la Subcomisaría Ramón Santos ubicada en el límite interprovincial.

Las divisiones también se daban en dependencias de otras localidades del interior y ello incluso quedó reflejado por el hecho de que en la ciudad del Gorosito ayer se suspendió la marcha de protesta que venía realizándose todas las tardes.

Se preveía que cerca de la medianoche, al cierre de esta edición, se tendría un panorama más claro sobre la cantidad de policías de toda la provincia que podrían volver a colocarse el uniforme o los que se mantienen reticentes a aceptar lo ofrecido por el gobierno.

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