El gobernador Daniel Peralta recibió el apoyo de la Rosada y hasta un acto en el Boxing, junto a los gobernadores de todo el país. El radicalismo pretende que el tema se solucione sin remoción del Gobernador. Ayer, el tema tomó connotaciones nacionales.
Peralta fue notificado ayer al mediodía en Casa de Santa Cruz, en la ciudad de Buenos Aires, aunque incluso horas antes de conocerse, un torbellino de declaraciones de oficialistas y opositores ya saturaban las pantallas de los canales nacionales.
Al Gobernador también se lo denunció penalmente –ante el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia- para que se investigue el posible "delito de acción pública" por el incumplimiento reiterado de los fallos de la propia Corte Suprema, que ordenaban reponer al ex procurador Eduardo Sosa.
Apoyo oficial
Peralta recibió el apoyo de todo el arco político del PJ provincial y nacional, incluso de la Casa Rosada a través del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
“Nosotros no desacatamos, somos hombres de la Ley y de la Constitución” y “vamos a ser muy firmes en la defensa de los derechos soberanos de los santacruceños”, expresó el Gobernador, al tiempo que adelantó un acto surgido de una conversación con Néstor Kirchner.
Se trata de una convocatoria para el 8 de octubre en Río Gallegos, más precisamente en el polideportivo Boxing Club, con la presencia de los gobernadores justicialistas de todo el país.
Peralta precisó que “muchos compañeros de diversas movilizaciones me han llamado muy enojados planteando medidas extremas, como el corte de suministro de gas, entre otras cosas más, pero nosotros estamos haciendo entender que debemos tomar esto con seriedad y serenidad porque veo que todo se trata de una intensión de frustrar las grandes inversiones que antes de fin de año vendrán para los santacruceños”.
Acerca de lo que exige en estas horas la Corte Suprema, el mandatario provincial dijo que “la Corte es la responsable primera, porque ellos sabían que cuando tomaron la determinación con lo de Sosa el 29 de octubre, era imposible de cumplir basándonos en la Constitución Provincial con lo cual me ponían a mí al borde de cualquier juicio político que se pudiera iniciar” y estimó que Sosa “tiene una cuestión política por adelante, con mucha plata en el bolsillo, lo cual no sería nada si en conjunto con la oposición nacional no fuera responsable de intentar desestabilizar democráticamente a Santa Cruz”.
Finalmente, le tiró la responsabilidad a la oposición local que “tiene que decir claramente con respecto a si está a favor o en contra de la intervención federal de la provincia, para aclararle bien la cosa a los santacruceños”, dijo al enfatizar que “si es preciso ir mañana mismo a las urnas, lo haremos porque sabemos que la voluntad popular nos volverá a elegir, pero tampoco es cuestión de que por primera vez en la historia de este país, a la Corte se le ocurra que el problema es de la Justicia de Santa Cruz”.
Dos temas que van por caminos paralelos
Cabe destacar que la Corte Suprema citó dos artículos para enviar al Congreso de la Nación el pedido para que haga cumplir los fallos de restituir a Eduardo Sosa. El principal es el Nº 75, que habla de las atribuciones del Congreso.
Allí se expresa que podrá “Disponer la intervención federal…” (…) y “…Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores, y conceder amnistías generales…”, entre otros.
El fallo emitido en las últimas horas es inédito en la República Argentina y ahora será, por un lado, el Congreso de la Nación el que resuelva la cuestión de Sosa y de forma paralela, la Justicia Federal la que investigue si Peralta incurrió en un posible "delito de acción pública".
Mediante la sentencia, la Corte ordenó a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que interviniera para investigar “la posible comisión de un delito de acción pública”. Los juzgados federales de las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut tienen como instancia de apelación aquella Cámara, que está presidida por Aldo Suárez y la completan Javier Leal De Ibarra y Hebe Corchuelo de Huberman. En tanto, el Juzgado Federal de Río Gallegos estaba a cargo de Gerardo Caamaño pero está hace tiempo de licencia y hoy actúa la jueza Subrogante Ana Cecilia Alvarez.
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