El fallo de la Corte Suprema, que primero se conoció por los medios de tirada nacional -La Nación y Clarín-, llegó recién este jueves al despacho de la magistrada.

Mientras, el Gobierno provincial sigue sosteniendo que el fallo es de cumplimiento imposible, habida cuenta de que el puesto de Procurador General ya no existe en la organización de la justicia santacruceña.

Ayer, durante los actos centrales por el aniversario de Puerto San Julián, el gobernador no evitó referirse al conflicto en su discurso. Dijo no estar en desacato con el máximo tribunal, sino que está “evitando violar la Constitución Provincial, ajustándonos primero a nuestra Carta Magna”.

Aseguró que el fallo de la Corte busca “ir por encima de las leyes” de Santa Cruz, pretendiendo además que a través del Congreso de la Nación se “designe a funcionarios del Poder Judicial violando nuestra independencia”.

Cuestionó además la imparcialidad de la Corte que no interviene cuando en la Capital Federal “no hay clases hace 35 días y las escuelas se caen a pedazos, sin que eso sea causal de juicio político a Mauricio Macri”.

Asimismo, el mandatario ratificó que a su criterio esta movida responde a un intento de “desestabilización” que tiene como fin perjudicar a la provincia de la cual “salieron dos presidentes”, por lo que él le pondrá “freno” a cualquier intento de “interferir este proceso de crecimiento”.

TIENE RESPALDO

Ciertamente, varios sectores de esta provincia se alzaron en respaldo de la gestión de Peralta ante la posibilidad de una intervención, asegurando que el Gobierno ha cumplido con el fallo.

Hay que decir que los decretos sobre el desdoblamiento del cargo de Procurador General en Fiscal general y Defensor de Pobres y Ausentes fueron enviados a la Corte Suprema de Justicia.

Pero también la alternativa propuesta por el Ejecutivo para resolver en alguna medida la situación del ex procurador Eduardo Sosa fue enviada a la Legislatura, algo que por cuestiones de agenda parlamentaria los diputados aún no trataron.

La defensa, integrada de manera tácita por los sectores afines a Peralta, entienden además que la intervención de la Corte en la causa es una cuestión política y que con su arribo al Congreso de la Nación no tiene siquiera precedentes.

SOSA QUIERE LA INTERVENCION

En declaraciones realizadas ayer al programa radial “Vamos que Venimos” (FM 21 de Caleta Olivia), el ex procurador general, Eduardo Sosa, se mostró de acuerdo con la propuesta de intervención impulsada por el radicalismo en la figura del diputado Ricardo Gil Lavedra.

Dijo que se quiere iniciar una “tormenta en un vaso de agua” y que el gobernador Peralta debiera con “entera libertad”, instalar el tema “para solucionarlo” porque la Corte ha sido “prudente” y “paciente”.

Por otra parte, vale decir que la causa cae en manos de una juez a quien no se le puede endilgar connivencia política, ya que como antecedentes cuenta con haber sido la impulsora del cierre de las “casas de tolerancia” de Río Gallegos y la declaración de inconstitucionalidad del decreto presidencial que subía tarifas de gas.

Sosa fue removido de su cargo en 1994 ante lo que inició acciones legales para ser repuesto. Pasaron 15 años y la Corte Suprema de Justicia falló a su favor e inició un proceso penal contra Daniel Peralta por no acatar el fallo que en octubre pasado le indicaba reponer a Sosa en sus funciones.