"Nos oponemos a la implementación de un producto enlatado en el que no participan de la discusión todos los actores sociales", afirmó ayer el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Guillermo Severio. El gremio justificó las sucesivas postergaciones de la puesta en vigencia del nuevo Código y consideró que hace falta introducir mejoras y más presupuesto para el sistema judicial.
El objetivo del gremio es "reabrir el debate" porque la reforma "traerá consecuencias en la vida cotidiana" y "se necesita perfeccionar los instrumentos legislativos que se encuentran vigentes", según contó Severio.
El gremio se embarcó en la polémica sobre la implementación del nuevo Código que debía implementarse inicialmente el año pasado. Se postergó y el Gobierno Provincial anunció que en septiembre de este año se pondrá en marcha. Pero hay incertidumbre y resistencia por parte de los propios funcionarios judiciales.
"No estamos de acuerdo que con el pretexto de concretar esta mejora, nos vendan otra que está por debajo. La sociedad en definitiva nos lo va a terminar echando en cara a nosotros, porque están los instrumentos y no satisfacemos la necesidad de la Justicia", advirtió. "Se pone en el tapete la accesibilidad. Pero al habitante de Puelén no le va a cambiar nada porque no le llevan cerca un agente fiscal. Va a tener que recurrir a Pico, Acha o Santa Rosa, como hasta ahora. El compromiso del Estado tiene que ver con los recursos disponibles. Estamos preparando un sistema penal para el robo de gallinas", indicó.
El gremialista sostuvo que "ha quedado al desnudo con las postergaciones, que lo peor que nos podía pasar es que se implementara como había sido sancionado. Hoy aparecen nuevos instrumentos en discusión como puede ser una Ley de Minoridad o del Fuero Contravencional o una Ley de Mediación, que faltaban".
"La postergación no fue un capricho, puso al desnudo esta situación. Hay que seguir profundizando los objetivos que se quieren alcanzar y cómo los alcanzamos. ¿Cuál es la necesidad que tiene la Justicia de tener un cambio tan rotundo hecho a cualquier precio, nada menos que en la parte penal donde se afectan las garantías de las personas?", se preguntó.
Visión crítica
Ayer, la visión de los disertantes fue sumamente crítica sobre las reformas que contiene. Monei le dijo a El Diario que en Córdoba la reforma se implementó desde el ‘89. "El plan de reforma judicial lo pergeñó el Banco Mundial para todos los Poderes Judiciales Provinciales. Está hecho con fundamentos únicamente economicistas", señaló.
Según la especialista, "están hechos con principios que cobraron eco en la sociedad como la seguridad y la eficiencia. Se plantea la flexibilización de lo legal, las reformas procesales penales, introduciendo institutos importados desde Estados Unidos, abandonando nuestra tradición de tribunales formados con juristas, convirtiéndolos en juicios que la única tradición que tienen es el consenso y los tribunales por jurado".
"Estas reformas son máquinas de moler carne. Las reformas dan celeridad en perjuicio de la Justicia, se establecen los juicios por flagrancia, es sólo para darle rapidez a los juicios de ladrones de gallinas, es para llenar las cárceles de desocupados", insistió.
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