Las condiciones de detención de los imputados en la megausa por crímenes de lesa humanidad "Arsenales II-Jefatura II" siguen generando polémica. El director de Institutos Penales, Roberto Guyot, y la Justicia salieron al cruce de las denuncias de abogados defensores de los sospechosos de secuestros, torturas y asesinatos ocurridos en los centros clandestinos de detención durante la última dictadura.

Hace poco más de una semana, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) ordenó la detención y el traslado a cárceles de los 42 acusados para asegurar sus presencia en las audiencias (comenzarían en 20 días). Los 21 que se encontraban en Tucumán -y que no estaban recluidos- fueron llevados al penal de Villa Urquiza. Guyot detalló a LA GACETA que el Servicio Penitenciario tuvo que acondicionar las instalaciones para recibir a las personas, que en su mayoría tienen más de 70 años y padecen diversas enfermedades.

"Adecuamos un pabellón dentro de la unidad número nueve (máxima seguridad). Redistribuimos la población alojada en ese momento", precisó el funcionario. Luego, explicó que fueron destinados allí porque no se cuenta con un lugar para mayores y que, además, ex integrantes de fuerzas de seguridad.

"El penal es un establecimiento de seguridad, no un nosocomio y necesitamos que la Nación colabore para mantener a las personas en condiciones de salud dignas", afirmó. Confirmó que, por primera vez, dos mujeres ingresaron a esa cárcel. Las imputadas están alojadas en la enfermería, según consignó.

El fiscal federal ad hoc, Pablo Camuña, dio a conocer en su cuenta de Twitter que los exámenes médicos efectuados a los detenidos determinaron que están estables. Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Humberto Rava, afirmó que se elevó un pedido de informes para conocer la situación de los sospechosos.

El expediente es el primero con características de megacausa que llega a juicio oral en Tucumán. Reúne un número inédito de sospechosos, de víctimas (235) y de testigos (200).