El Nobel de la Paz Barack Obama vive días difíciles. No sólo por su negativa a reconocer a Palestina como miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas, sino también por la aplicación de la pena de muerte en su país. El debate sobre la ejecución capital se intensificó luego de que fuera ultimado Troy Davis, un negro condenado por matar a un policía blanco en Georgia, al sureste de los Estados Unidos. El acusado conmocionó al país tras declararse repetidamente inocente, incluso cinco minutos antes de recibir la inyección letal.

“Si uno de nuestros ciudadanos puede ser ejecutado con tantas dudas en torno a su culpabilidad, entonces el sistema de pena de muerte en nuestro país es injusto y obsoleto”, afirmó el ex presidente Jimmy Carter, quien había adherido a la vasta campaña de movilización para evitar la ejecución de Davis. “Esperemos que esta tragedia nos empuje como nación hacia un rechazo total de la pena capital”, agregó el ex mandatario. La sentencia de muerte aún no fue abolida en 34 de los cincuenta estados de los Estados Unidos.

Ante la repercusión del caso, los numerosos defensores del condenado a muerte, quienes durante días se manifestaron con pancartas que decían “Yo soy Troy Davis”, esperaban que no hubiera muerto en vano. “El estado de Georgia mató a un hombre inocente. La excepcional injusticia de la ejecución de Troy sólo acelerará el final de la pena de muerte en los Estados Unidos”, aseguró Benjamin Jealous, presidente de la organización de defensa de las personas de color (Naacp). “En la muerte él vivirá como un símbolo de un sistema de justicia roto que mata a un hombre inocente mientras un asesino anda libre”, agregó Jealous.

El mismo Troy, antes de morir, insistió en su inocencia y pidió a sus partidarios que siguieran luchando y que la batalla por la justicia no terminara con él. “La lucha es por todos los Troy Davis que vinieron antes que yo y por todos lo que vendrán después de mí”, dijo el condenado minutos antes de morir con la inyección letal. Y, según testigos de la ejecución, reafirmó su versión sobre lo sucedido: “No fue mi culpa, yo no tenía una pistola, soy inocente”.

La Unión Europea (UE) deploró la ejecución de Davis, según informó Maja Kocijancic, vocera de la representante para la Política Exterior Europea, Catherine Ashton. La funcionaria recordó que la UE está en contra “de la pena capital en todos los casos” y que desde siempre “pide una moratoria” mundial sobre la misma.

En tanto, los medios estadounidenes, que generalmente no dan gran cobertura a estas ejecuciones, le dedicaron un amplio espacio al controvertido caso, que el diario The New York Times calificó como un error judicial trágico. Davis, de 42 años, había pasado las últimas dos décadas en el corredor de la muerte tras ser declarado culpable de la muerte, en 1989, del agente de policía Mark MacPhail, luego de un juicio basado principalmente en las declaraciones de testigos.

Sin embargo, siete de los nueve testigos que declararon contra Davis se retractaron o cambiaron sus testimonios después del proceso, denunciando algunos de ellos intimidación policial.

Alrededor de veinte personas presenciaron la ejecución de Davis, entre los que se destacaba el hijo del oficial asesinado, Mark MacPhail Jr. Entre ellos y el recluso había una ventana de cristal cubierta con una cortina entreabierta. Justo antes de que los letales medicamentos entraran en sus venas, Davis dio un mensaje a sus ejecutores: “Dios tenga merced de sus almas”. El convicto parpadeó rápidamente. Apretó los ojos y los cerró para siempre.

Una medida polémica

Desde Washington

La pena de muerte, pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte o asesinar a un condenado por parte del Estado, como castigo por un delito establecido en la legislación. La muerte de criminales y disidentes políticos fue empleada históricamente por algunas sociedades tanto para castigar delitos como para suprimir la disensión política. Actualmente, fue abolida y penalizada en todos los países europeos, con la excepción de Bielorrusia. Además, la mayoría de los países latinoamericanos suprimieron la pena capital, mientras que en los Estados Unidos, Guatemala y la mayoría de los Estados del Caribe aún es aplicada.

En Asia está permitida en democracias como Japón y la India. En China, el tráfico de personas y los casos graves de corrupción política son castigados con la pena de muerte. En algunos países, se utiliza por motivos políticos, con la máxima difusión posible. Así, en 2010 Pyongyang ejecutó al ex director de Finanzas del Partido de los Trabajadores, Park Nam-gi, por el fracaso de la reforma monetaria. En ese entonces, Park fue fusilado.