Brasil aprendió la lección y la Argentina también parecía haberlo hecho cuando, después de la devaluación de 2002, políticas fiscales y monetarias sensatas permitieron, en 2003, una inflación de sólo 3,7 por ciento. Sin embargo, ya a partir de 2005, y con mayor intensidad desde 2007, la realidad mostró con dureza que no era así y la principal respuesta oficial, inédita en el mundo, fue empezar a adulterar sistemáticamente los índices del Indec.

Ahora mismo cuesta entender que el Gobierno opte por la pasividad, plantee dudas sobre la existencia de la inflación y dé pie a una discusión, también inconcebible ya en todo el mundo, sobre sus posibles ventajas.

Considerando índices confiables -como los de San Luis, Santa Fe, la Universidad de Cuyo o Buenos Aires City-, en 2009 la Argentina ocupó el séptimo lugar entre los países con mayor inflación. Y con sólo alcanzar un 20%, algo prácticamente inevitable, trepará al segundo puesto, detrás de Venezuela, que llegaría al 34,3%, según el FMI.

Un argumento que suele esgrimirse en esferas oficiales y en sectores suele esgrimirse desde las esferas oficiales y también desde sectores sindicales es que con menor inflación habría menor crecimiento; una cuestión trasnochada. Debates de comienzos de los sesenta, que recuerdo vívidamente, tenían mayor fundamento, porque se discutía qué hacer frente a un fenómeno nuevo, el de la estanflación, del que la Argentina había sido precursora en 1962.

La realidad es bien distinta hoy, porque también en los países emergentes casi se ha asegurado la posibilidad de conjugar el crecimiento rápido y la estabilidad de precios. Así lo muestra la estrella económica latinoamericana del siglo XXI, Perú, que cuando termine 2010 habrá acumulado en la década aumentos anuales del producto bruto de 5,4% con sólo 2,3% de inflación.

La segunda mitad de la década ha transcurrido allí bajo la presidencia de Alan García, quien, en vez de denostar y destruir la obra de sus antecesores, hizo adecuado beneficio de inventario y siguió adelante.

En su gestión anterior (1985-1990), y en medida no menor por errores propios, Perú había conocido la hiperinflación, que llegó al 6700% anual en el último año de su gestión. De nuevo, algunos aprenden; otros no.

Los síntomas y muchas de las causas de la inflación pertenecen al ámbito de la economía. Pero cuando ella sobrepasa sostenidamente el diez por c iento es bueno hacer una segunda lectura, recurrir a textos polvorientos y en desuso para redescubrir que su causa última es la erosión, o aun la quiebra del consenso social.

Como causa de la inflación, ella se manifiesta sobre todo en déficits sostenidos de las finanzas públicas que, al no poderse financiar en los mercados de crédito externo o interno ?en el caso argentino actual, por decisión voluntaria de las autoridades? llevan al recurso del impuesto inflacionario emitiendo dinero de baja calidad.

Tales desequilibrios tienen claras raíces sociales y políticas, ya sea porque hay un Estado que desea "comprar cohesión social" aumentando los gastos públicos o bajando impuestos o, más pedestremente, porque los príncipes de turno desean construir o cimentar su poder político. Obsérvese que no hacemos juicio de valor acerca de si tales decisiones están o no justificadas.

Pero ya se sabe que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, y, en el caso de la Argentina de hoy, bien sabemos que hay gastos de varias decenas de miles de millones de pesos ?como los subsidios a sectores sociales pudientes? cuya única justificación es no entrar en conflicto con ellos.

Gran paradoja la de un gobierno autodenominado progresista que recurre al impuesto inflacionario, castigando a los pobres para aumentar el bienestar de los ricos. Una vez generado el desequilibrio inicial, se desencadenan las interacciones sociales típicas de la tragedia griega y cada protagonista "no puede hacer otra cosa" que propagar la inflación.

Los aumentos de precios y los de salarios son, las más de las veces, defensivos o causados por factores de la economía real, pero en ausencia de índices confiables como la de hoy, incorporan cada vez más un componente preventivo.

En cuanto a sus efectos sociales, está muy probado que los más pobres son los más castigados por la inflación. Este perjuicio no se limita sólo a no poder llegar a comprar los alimentos del mes. Hay además una ruptura del tejido social que los sostiene, lo que lleva a la exclusión, a cambiar consumos que definen un estilo de vida, a caer a un abismo.

No es casual que el concepto de "nuevos pobres", referido a quienes mostraban buenos indicadores de vivienda, salud o educación pero muy malos de ingresos, se haya acuñado en la década del ochenta, la de mayor inflación de la historia argentina. Aunque el más relevante y doliente, el tejido social de los más pobres no es el único que se rasga con la inflación.

Los comportamientos económicos se explican por incentivos y precios, pero más profundamente también por la estructura de contratos que les da sustento, y también por factores culturales que exceden esta nota. Uno de los efectos menos visibles, pero más deletéreos de la inflación, es erosionar esa base contractual. Al principio, con la institucionalización del agio, mediante el que los precios van incorporando cada vez más el "por las dudas", y en tal sentido es casi un milagro que la indexación sea hasta el momento limitada. Luego sigue una menor propensión a contratar y un acortamiento de sus plazos, porque la inflación conduce a un "agio del futuro", es decir, un alza estructural de las tasas de interés, más allá de las que transitoriamente puedan bajar por el subsidio público.

Ante la incertidumbre que la inflación genera, se piden cada vez más bienes futuros para sacrificar un bien presente y, como en la Argentina de hoy, el ahorro y la inversión se perjudican en beneficio del consumo. Otro efecto relevante de la inflación es el hacer más difíciles los ajustes de precios relativos, aunque sean necesarios como en la Argentina de hoy.

A pesar de manifestar lo contrario, el Gobierno, sí, tiene un programa contra la inflación. Pero es un plan tibio, oculto y aun peligroso, basado en "anclar" el tipo de cambio, hundiendo bajo tierra el discurso propalado varios años de un tipo real de cambio alto y competitivo. También se están cumpliendo algunos de los aspectos del programa monetario de la anterior conducción del Banco Central. En cambio, el gasto público crece, hasta marzo, al 32,5% anual, más rápido aun que en 2009.

Al respecto, la Presidenta ha dicho que ella no hará ajuste y que, en todo caso, venga otro para hacerlo. El ajuste ya está en marcha, y es la caída de los ingresos reales de muchos, sobre todo de los más pobres.

El enfoque correcto trasciende la retórica superficial de ajustar o no ajustar, y es crecer al menos al ritmo actual, cercano al 6% anual, y bajar al mismo tiempo la inflación, algo que es posible.

Para ello es crucial reconocer el fenómeno y anunciar un programa, porque de otro modo será muy difícil reducir la expectativa actual de un 30% de inflación. Ello debería acompañarse por una política fiscal a la vez más austera y más equitativa que la actual y una política monetaria que la secunde, para evitar así también el riesgo de un fuerte retraso cambiario. El segundo trimestre es un momento ideal para hacerlo, porque estacionalmente es el de menor inflación del año y, cuanto antes se lo haga, menor riesgo se correrá de generalizar la indexación. Para lograrlo también sería importante que la oposición hiciera suyo un programa de estabilización y de crecimiento. © LA NACION

El autor es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y profesor e investigador del IAE - Universidad Austral