La Asociación Nacional de Municipios Italianos (ANCI) advirtió que varias de sus comunas corren riesgo de no poder pagar el sueldo de sus empleados a raíz de los recortes del gasto público promovidos a principio de mes por el Ejecutivo de Mario Monti y los cambios en la distribución del impuesto sobre bienes inmuebles. El martes, mientras un centenar de alcaldes se había manifestado frente al Senado en protesta por los ajustes, el premier tecnócrata autorizó una medida para evitar el cese de pagos en la región de Sicilia. Y ayer Monti tuvo que salir a desmentir un rumor acerca de una posible quita de la paga extra de Navidad para funcionarios y pensionistas.

"Algunos municipios, incluidas capitales, comienzan a tener problemas de caja y en agosto podrían no llegar a poder pagar los salarios de sus propios empleados", afirmó Alessandro Cattaneo, vicepresidente de la ANCI y alcalde de Pavía (norte de Italia), en declaraciones a la prensa al finalizar una reunión celebrada en Roma donde abordó junto con las regiones el plan de "revisión del gasto" con el que el Ejecutivo Nacional pretende ahorrar unos 26 mil millones de euros entre 2012 y 2014. Según Cattaneo, la combinación de los recortes del gasto público (un 20% obligatorio para los Ayuntamientos) junto al menor reparto para los gobiernos locales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IMU por sus iniciales en italiano) pone en "grandes dificultades" a las ciudades del interior como Lecce (sureste), por ejemplo. "Confiamos en que se corrijan las distorsiones porque ya no se puede hablar de preocupación general de los municipios, ha llegado el momento de echar cuentas", aseguró.

El plan de revisión del gasto público de Monti, aprobado en la madrugada del pasado 6 de julio y que actualmente tramita el Senado, contempla recortes en el ámbito de la Salud y la Educación, así como la reducción del número de provincias a la mitad. El ajuste incluye, entre sus puntos más sensibles, una recomendación a las regiones para que reorganicen su red hospitalaria, con una reducción de unas 20 mil camas y un recorte en la compra de bienes y servicios, sobre todo farmacéuticos, en el ámbito de la Sanidad.

En ese sentido, Renata Polverini, presidenta de la región del Lacio, a la que pertenece la capital del Estado, alertó de que la Administración regional no está en condiciones de "seguir garantizando los servicios a las personas" y expresó su preocupación por la cohesión social de Italia. El mismo reclamo que expresó el martes el presidente de ANCI, Graziano del Río, quien se manifestó junto a otros cien alcaldes en Roma para protestar contra los ajustes indicando que el proyecto oficial "decreta el final del Estado social".

Tal es el estado de inquietud en Italia que el Ejecutivo tuvo que desmentir una hipótesis lanzada en los últimos días por la asociación empresarial Confesercenti sobre una posible supresión de la paga extra de Navidad a empleados públicos y pensionados. La respuesta, que llegó en un comunicado, dice que "alimentar el alarmismo social corre el riesgo de causar un doble perjuicio: tanto para la organización que difundió la hipótesis, en cuanto a que correría el riesgo de un posible bloqueo del consumo; como para el mantenimiento de la economía". «