La inminente adjudicación a la empresa estatal israelí Mekorot para que construya una planta potabilizadora en la localidad de Ensenada, una obra que demandará más de 170 millones de dólares, sigue generando polémica.

Los cuestionamientos ya no sólo provienen de la oposición, sino también de los propios profesionales de carrera del Ministerio de Infraestructura bonaerense.

Concretamente, los ingenieros Adolfo Francisco Ruiz y Azucena Keim, que también son delegados del gremio ATE en la Dirección de Hidraúlica, enviaron una notificación al titular de esa cartera, Alejandro Gaspar Arlía, para expresarles su preocupación sobre las distintas irregularidades que se estarían cometiendo con esta contratación.

“Se estaría dejando en manos privadas, entre otras cosas, nada más ni nada menos que la provisión de agua potable, lo cual no es lo mismo que la provisión de agua corriente, que, en definitiva, sería lo que estimaría aportar la empresa extranjera Mekorot, adjudicataria de la construcción de una planta depuradora”, afirmaron los especialistas en la notificación.

En diálogo con Hoy, el ingeniero Ruiz agregó que, según información proveniente de la empresa en cuestión que pudo analizar, “las técnicas de potabilización que utiliza Mekorot en el río Jordán nada tienen que ver con las que se necesitan en la región. Incluso vimos que tiene previsto reducir los niveles de cloro, lo que es muy peligroso, dado que la red está colapsada y repleta de fisuras”.

“Se puede obtener agua de excelente calidad en la planta potabilizadora, pero una vez que es introducida en la red de distribución, hay que tener en cuenta que las cañerías, en muchos casos, son muy antiguas y por eso se requiere que el agua esté debidamente tratada, con niveles de cloro acordes, para que pueda ser bebida por la población sin consecuencias para la salud”, afirmó Ruiz.

Los especialistas afirman, asimismo, que la inversión de 170 millones de dólares en la construcción de una planta potabilizadora no está para nada justificada. Concretamente, argumentan que la provincia de Buenos Aires cuenta con excelentes acuíferos. Y remarcan que no hace mucho tiempo se descubrió un nuevo reservorio que se encuentra debajo del acuífero Puelche, a 200 metros de profundidad, cuyas aguas son mineralizadas y de excelentísima calidad. Toda la Provincia está asentada sobre reservorios subterráneos y cada perforación tendría un costo de apenas veinte

mil pesos.

“Con mucha menos inversión se pueden hacer perforaciones y abastecer a toda la región con agua de la máxima pureza. El acuífero Puelche no está para nada contaminado, la única precaución es que las perforaciones se deben realizar en zonas cercanas al Río de la Plata, ya que allí el agua está más salinizada. Incluso, existe una perforación que está funcionando muy bien en la zona de Parque Saavedra”, dijo Ruiz.

La semana pasada, este diario informó que se estaría preparando un nuevo tarifazo del agua, que incrementará el costo del servicio en un 33%, con el objetivo de financiar la obra de La Plata. Este aumento se sumará al alza de hasta 180% que comenzó a aplicar la empresa ABSA a partir del mes de junio de este año.

Por otra parte, Mekorot está acusada por Amnistía Internacional por ejercer una suerte de apartheid con la distribución del agua en Medio Oriente. Esta empresa estaría suministrando apenas 40 litros diarios a los habitantes de Gaza y Cisjordania (un 10% de los que reciben los colonos israelíes), cuando la Organización Mundial de la Salud establece que el mínimo recomendado es de 100 litros.

Protagonistas de un negocio poco claro

Para quedarse con el negocio de la planta potabilizadora, el grupo israelí Mekorot se asoció con la empresa 5 de Septiembre SA -la compañía que tiene el manejo operativo de Aguas Bonaerenses SA (ABSA)- y con las constructoras platenses Mako y Eleprint. Esta UTE es la que elevó el precio más bajo, por lo que es un hecho su adjudicación.

La otra oferta fue la de la empresa de origen brasileño Odebrecht SA, firma que se había presentado en un intento de darle un marco de transparencia a una contratación que desde hace tiempo está digitada.

Las empresas asociadas con Mekorot no tienen los mejores antecedentes. Por ejemplo, entre los años 2005 y 2007, el fiscal de Delitos Complejos de La Plata, Esteban Lombardo, acreditó que funcionarios de ABSA, ligados a la firma 5 de Septiembre en connivencia con un contador público, “habrían cometido fraude mediante el ardid o engaño consistente en la creación de un falso vínculo contractual de proveedor o asesor, a nombre de un hombre que en realidad se dedicaba al rubro gastronómico, en la especialidad pizzería”. La firma 5 de Septiembre está ligada al Sindicato de Obras Sanitarias.

La participación de la empresa 5 de Septiembre también está siendo objetada por los profesionales de Infraestructura. “Esta empresa tiene un acuerdo de cooperación, lo cual es violatorio de las leyes al estar de los dos lados del mostrador: por un lado, participando del proceso licitatorio; y por el otro, cobrando de la futura empresa ganadora del contrato firmado... También hay que recordar la anterior concesión efectuada a Azurix, en la cual también estuvo comprometida la empresa 5 de Septiembre, que derivó en un juicio millonario en el cual el Estado deberá pagar más de $ 165 millones”, se consigna en la nota dirigida al ministro Arlía.

En tanto, Eleprint es una firma que presta los servicios de ingeniería y construcciones de obras en áreas de electromecánica, petróleo y gas, petroquímica e industriales, que se ha visto salpicada en diversos escándalos judiciales, como fue el caso Skanska: estuvo en la mira, ya que habría emitido facturas truchas. Su titular es el ingeniero Gustavo Weiss, actual protesorero de la Cámara Argentina de la Construcción. Según una denuncia realizada por la diputada Elisa Carrió, Weiss tenía facturas apócrifas de las firmas La Nueva Argentina por $ 105.209, de la firma Darom Construcciones por $ 5.883.750, y de Echo Argentina por $ 132.139.

Eleprint, además, aparece en la denuncia penal que realizó el exdiputado nacional Adrián Pérez, en el año 2005, por supuestos sobreprecios en la construcción de cárceles. Las aparentes anomalías consistieron en millonarios aumentos de los presupuestos de ejecución de las obras, que se incrementaron entre el 52 y el 86 por ciento respecto de las cifras previstas originalmente. Esas variaciones fueron convalidadas por un decreto de necesidad y urgencia firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner.

En tanto, los dueños de la firma Mako SA son Gabriel Edgardo Maler y Marcelo Salinas, cuyo nombre completo es Marcelo Luján Ricardo Salinas García Sanabria. En realidad, Salinas se sumó a Mako como accionista mayoritario en el año 2005, mientras que Maler era socio del dueño anterior.

Salinas es un exfuncionario del área de Transporte del gobierno menemista y es conocido en el mundo de la farándula por ser el esposo de la famosa y voluptuosa vedette María Eugenia Ritó (su verdadero apellido es Rita), con quien tiene la empresa Milne SA. En tanto, Salinas y la familia Weiss (Eleprint) no solamente son socios en este emprendimiento, ya que también forman parte de Mawe SA. Salinas también es titular de otra sociedad estrechamente vinculada a ABSA y al negocio del agua: Gral Saneamiento SA. Se trata de una empresa que fue creada por el mencionado Sindicato de Obras Sanitarias y por la Fundación de Estudios Sanitaristas y Ambientales que, en realidad, era un apéndice de esa entidad gremial.