VIEDMA (AV).- La provincia de Río Negro adeuda alrededor de 60 millones de pesos a las constructoras. El atraso en el pago de certificaciones ya "es insostenible" para las empresas, que advierten un serio riesgo en la continuidad de los planes habitacionales si persiste esta situación de desfinanciamiento.

El gobernador Miguel Saiz viajó el martes pasado a Capital Federal y permaneció hasta el viernes, aunque las promesas que consiguió fueron acotadas. Río Negro estima la demora de las transferencias nacionales en 100 millones, acumulados por la reducción de los envíos habituales para las obras públicas, esencialmente para los planes de viviendas.

Según trascendió extraoficialmente, el mandatario rionegrino tramitó remesas de fondos en la cartera del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, reuniéndose con el subsecretario de Desarrollo Urbano y Viviendas, Luis Botempo y, también, se contactó con el secretario de Obras Públicas, José Francisco López. Al momento de la visita del gobernador el ministro estaba en China con la delegación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Entre dos y tres certificaciones se adeudan a las constructoras. Para cada caso, eso representa atrasos en los pagos de tres a cuatro meses. El gobierno provincial reconoce que las empresas no podrán sostener mucho más el actual registro de ejecución con semejante desfinanciamiento. Y Hacienda tampoco puede ya aportar fondos mientras espera las transferencias de Nación.

La cartera de Carlos Oliva concentró su esfuerzo en el pago del aguinaldo a los trabajadores de la administración pública provincial, incluso también postergando cancelaciones pendientes a otros proveedores y servicios.

Una veintena de constructoras concentra planes de viviendas en Río Negro. Algunas disponen de medio millar de trabajadores. El gobernador siempre reivindicó su gestión en obras públicas, especialmente en los programas habitacionales.

Las empresas admiten el desfasaje entre los costos de la ejecución y el pago provincial de las certificaciones, cuya situación fue planteada en diferentes reuniones a las autoridades provinciales. El retardo nacional exigió la gestión directa de Saiz aunque sus resultados todavía se desconocen. En la semana, no existió ninguna información oficial del viaje del gobernador a Buenos Aires. Mucho menos de sus efectos. Sólo el martes se difundió su repudio al atentado en la Escuela de Policía de Cipolletti.

Fuentes oficiales aseguraron que los contactos no arrojaron confirmaciones de envíos inmediatos, por lo cual se retomarán esta semana las gestiones ante De Vido y la Casa Rosada.

Las estimaciones consignan que los atrasos a las constructoras por las certificaciones totalizan alrededor de 60 millones. La provincia -según aseguran- reclama unos 100 millones a la Nación, argumentando que adelantó de 40 a 50 millones de recursos propios para proyectos de financiamiento nacional.

Según los registros contables de Río Negro, el pago efectuado en el primer semestre en "construcciones" públicas –las partidas 421 y 422– llega a los 145 millones, cuando el presupuesto anual es de 543 millones. Aquel monto llega al 26% y lo óptimo sería una ejecución del 50%. Hay dos probables explicaciones: una subejecución (se hace menos de las previsiones presupuestarias) o, lo que se efectivamente ocurriría, la provincia no está pagando en los niveles que se construyen. La Nación –según datos de Obras Públicas– asignó a la provincia de Río Negro partidas por más de 661 millones en el 2010. Casi la mitad –unos 303 millones– corresponde a viviendas y otro importante porcentaje –unos 202 millones– pertenecen a proyectos viales, como la pavimentación de la Ruta 3 y la reformulación de la 22. Estas obras no son ejecutadas por la provincia sino por la Dirección Nacional de Vialidad.