Los paros que están realizando los agentes, y que continuarán el próximo martes 12, están afectando además a otros sectores. Liliana Sosa del Yesso, referente del sector, dijo ayer a este diario que “está atrasada la carga de datos para las liquidaciones del salario de octubre, de los jubilados y pensionados de toda la Provincia”.

La Jefa del Departamento de Liquidación del organismo, Graciela Godoy, dijo ayer que los beneficiarios que mayor peligro corren de no percibir sus haberes este mes son “los pasivos que por primera vez cobrarán su sueldo”.

También se estaría retrasando la carga “de los cálculos del último aumento salarial que se le otorgó a los pasivos, y que este mes se les debería transferir a todos los jubilados” -la aplicación del 82% móvil-, sostuvo Godoy.

La hipótesis, o amenaza, que ayer volvieron a plantar los trabajadores del IPS es que, “si el conflicto se extiende en el tiempo”, peligran las liquidaciones de los haberes de los pasivos de toda la Provincia. O que, en el mejor de los casos, podrían cobrar sus sueldos de octubre, “pero sin aumento”.

El gerente general del IPS, Bruno Magnani, reconoció el impacto negativo que provoca el paro y sostuvo que realizarán “todos los esfuerzos posibles por cumplir en tiempo y forma con la liquidación del sueldo de octubre”; con los empleados contratados y becarios que no se adhirieron a la huelga.

Hace más de un mes -antes que el Gobierno anuncie el último incremento incluso-, los trabajadores de la Caja previsional vienen exigiendo un aumento salarial sustancial, basado en la disponibilidad económica que tiene el organismo. Están pidiendo un aumento de $600 a $700; mientras que el Gobierno sólo les ofrece otros $100 en el básico, lo que llevaría $300 más al sueldo final de bolsillo.

“Lo que nos ofrecen es menos de la mitad de lo que pedimos. El IPS puede destinar hasta un 5% de su presupuesto a salarios, y la mejora que pedimos sólo le insumiría el 1,28% de ese total”, detalló del Yeso.

Recién al final del día la titular del IPS, Estela Regidor, dialogó con la prensa. Aseguró que está abierta al diálogo “a pesar de la ilegalidad del paro”.

“Todo reclamo salarial es respetable y entendible, pero no vamos aceptar las medidas de fuerza contra las personas que quieren trabajar y brindar servicios a los abuelos”, agregó. De este modo justificó el amplio dispositivo policial que se desplegó ayer dentro del IPS.

Calificó la medida de fuerza de “exagerada y desmedida”. “En el primer semestre el Gobierno les dio $650, y una suba de $100 al básico que representan $300 a $450 en el bolsillo. Un agente gana $3.000, trabajando de 7 a 13”, opinó.