Mauricio no tubo tapujos en criticar públicamente a su padre, el poderoso empresario Franco Macri, que defiende al matrimonio presidencial a capa y espada (no es casaulidad, dado los fabulosos negocios que tiene con el Estado desde hace décadas), sin importar que su propio hijo esté responsabilizando a los Kirchner por su delicadísima situación judicial.

“Las declaraciones de mi padre afectan desde otro lugar, es un tema que debo confesar que me ha dolido. Por respeto a mis hijos, lo que le tenga que decir a mi padre se lo voy a decir personalmente”, afirmó ayer el jefe de Gobierno porteño, durante una conferencia de prensa.

Eso no es todo: lo que hasta hace pocas semanas eran sus principales aliados políticos, como Francisco De Narváez y Felipe Solá, parece que ahora quieren soltarle la mano: solamente se refirieron al tema de las escuchas tangencialmente. El caso del ex gobernador fue más grave: solamente atinó a “desearle suerte”, y hasta dijo que no le consta que Kirchner esté detrás de las causa de las escuchas. “Este (por Solá) ya no tiene códigos”, se le escuchó refunfuñar a Macri cuando escuchó a su ahora ex aliado político.

Además, el jefe de Gobierno remarcó que pidió a sus abogados “que vean la posibilidad de que pudiésemos ir lo antes posible a la forma más transparente que existe para que esto se dirima, que se sepa la verdad, que es el juicio oral, que sería lo más transparente”.

“Que se hable de esto en detalle a la luz del día, frente a la opinión pública, y que quede en evidencia que realmente no existe nada, salvo una maniobra política transformada en causa judicial”, continuó.

El jefe de Gobierno aseguró estar “absolutamente tranquilo” a pesar de la confirmación de su procesamiento por parte de la Cámara Federal capitalina, que calificó de “mamarracho jurídico”, y manifestó que “no hay ningún tipo de probabilidad de que tome licencia. Voy a seguir trabajando en lo mío como lo he hecho desde el primer día. Para eso me han elegido”.

Ahora bien, esta misma Justicia que ahora lo procesa a Mauricio Macri es la que en la década pasada, en un fallo muy polémico de la Corte Suprema menemista, los favoreció en la causa por contrabando de forma muy polémica. En definitiva, lo que se pone de manifiesto es que poco ha cambiado: numerosos jueces y fiscales responden al poder político de turno, y actúan en consecuencia.

De esta manera, los manejos oscuros que se dan en la Justicia Federal se ven potenciados en la Justicia bonaerense, donde la relación entre política y Poder Judicial es mucho más estrecha.

En diálogo con Hoy, el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias aseguró que la Justicia en la provincia de Buenos Aires “deja mucho que desear” y aseguró que esa característica responde a la “dependencia” que tiene respecto del poder político. El magistrado hizo énfasis en las deficiencias y los vicios que muestra el Consejo de la Magistratura bonaerense, órgano político a cargo de la selección de jueces, fiscales y defensores oficiales en la Provincia.

Las críticas de Arias no son nuevas. Hace cerca de un año presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la Provincia para modificar el sistema de selección de jueces. “No fue considerado por nadie. Ni siquiera me llamó un legislador para hacerme una consulta sobre el proyecto”, destacó Arias en diálogo con Hoy. En ese contexto, el magistrado retomó las críticas a los integrantes del órgano, fundamentalmente el polémico diputado Raúl Pérez, que integra el Consejo de la Magistratura.

“A los jueces se nos exige idoneidad moral, pero quienes eligen a los jueces no están alcanzados por este requisito”, subrayó Arias. Consultado acerca de si ve influencia del poder político por sobre la elección de los jueces, la respuesta del magistrado platense fue contundente: “Por supuesto”. Y amplió: “Esto queda claramente demostrado en el comportamiento de los jueces, en la falta de vocación para investigar los delitos que se cometen desde el poder político”.

Sin embargo, Arias diferenció el Poder Judicial de la Provincia del de la Nación, pues consideró que a partir de algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia se produjeron “muchísimos avances”. En esa línea, mencionó el reciente procesamiento del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. “En la provincia de Buenos Aires usted no encuentra una noticia sobre un funcionario público procesado”, concluyó.

Van por la comisión investigadora

La conducción de la Coalición Cívica (CC), el partido que lidera Elisa Carrió, respaldó ayer la creación de una comisión investigadora en la Legislatura porteña por el caso de las escuchas ilegales que involucran a Mauricio Macri, cuyo procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal porteña.

El sector de Carrió aseguró que es “muy grave” la situación institucional de la ciudad de Buenos Aires con el procesamiento del jefe de Gobierno porteño y descartó una conspiración de Néstor Kirchner.

La postura de esa fuerza política fue fijada a través del diputado Adrián Pérez y del titular del bloque de legisladores porteños de la CC, Fernando Sánchez. En la ocasión se pronunciaron a favor de que la Legislatura capitalina “inicie un proceso de investigación a través de una comisión” ante el procesamiento iniciado por las escuchas ilegales contra Macri.

“No pedimos ni la renuncia ni licencia ni juicio político, sino una investigación, porque las escuchas ilegales son una causa grave”, anunció Pérez, titular de la CC porteña, en una conferencia de prensa que compartió con Sánchez y la senadora María Eugenia Estenssoro, entre otros, y con la ausencia de la líder de la CC, Elisa Carrió.

Pérez señaló también que “la situación institucional es grave porque hay un jefe de Gobierno procesado por escuchas ilegales” y descartó una conspiración de Néstor Kirchner como venía denunciando el PRO. “No. Hay hechos objetivos como la designación de Palacios, Chamorro y Ciro James”, destacó Pérez, al rechazar la posibilidad de que se trate de una maniobra orquestada por el kirchnerismo.

Luego, Carrió hizo su aparición, y señaló: “Es falso que no he sido coherente, cuando se pronunció Norberto Oyarbide, dije claramente: los hechos son graves y el juez no es confiable por eso hay que esperar el pronunciamiento de la Cámara y eso es lo que hemos hecho”.

Amado Boudou

Contraofensiva K por el juicio

El único funcionario del Gobierno nacional que ayer salió a hablar del caso Macri fue el ministro de Economía, Amado Boudou, que afirmó: “Los juicios orales no los pide el Poder Ejecutivo sino el Judicial”, dijo en rueda de prensa antes de dar una charla sobre Del canje exitoso a la consolidación del modelo, en el Sindicato de Amas de Casa de Buenos Aires.

En ese sentido, el ministro manifestó que “sin duda si va hacia un juicio oral, puede aparecer como una chicana decir quiero ir a juicio oral, pero nadie quiere ir a un juicio oral, obviamente”. Se espera que los K hoy se hagan un festín mediático.

La defensa macrista

La diputada Gabriela Michetti, ex compañera de fórmula de Macri, defendió la nueva estrategia de su jefe de Gobierno y dijo que se busca que el caso “salga de la Justicia” para que, en un eventual juicio político, las declaraciones de los testigos y las pruebas sean públicos. “Y que de una vez por todas acabemos con esta mentira”, manifestó Michetti.

La diputada insistió que en el fallo presentado el jueves último por la Cámara Federal “no hay ninguna comprobación, todo está basado en suposiciones”, y que “Néstor Kirchner está detrás de esto”.

“Es la misma metodología que utilizó siempre el kirchnerismo para sacar de la cancha a sus adversarios”, dijo.

Además, volvió a asumir que fue un “error político” haber contratado a Jorge “Fino” Palacios para que encabece el armado de la Policía Metropolitana. “Fue un error porque aquellos sectores de la Policía Federal y de la SIDE que tenían una guerra a muerte con este señor (por Palacios) se quisieron cobrar venganza de que queríamos hacer esta policía nueva, que obviamente no querían que hiciéramos; y de paso le querían pegar un palazo a Palacios”, concluyó.