Aunque las autoridades locales del Pami aseguran que su cobertura funciona bien, los afiliados viven otra realidad. En el interior provincial las clínicas decidieron restringir desde esta semana sus prestaciones por un reclamo monetario del cual los adherentes son ajenos. El Pami se excusa e intenta poner el peso de la responsabilidad en los sanatorios, pero la falta de resolución del conflicto mantiene sin cobertura a miles de jubilados salteños.

Los propietarios de sanatorios reclaman a la obra social nacional que incremente los valores de la cápita y los traslados, y pague una asignación por ruralidad. Como aún no obtuvieron respuesta, empezaron a restringir la cobertura en los consultorios y sólo reciben a pacientes en sus servicios de emergencias.

Ayer, el director local del Pami, Herman Spollansky, afirmó que los reclamos no tienen razón de ser y mostró la circular 35/11 de la dirección central, en la que se autoriza un pago extra a los prestadores de un 15% a cuenta de futuros aumentos. “La circular tiene fecha del 13 del corriente y se está haciendo efectiva esta semana”, dijo.

Aclaró que “si el servicio de traslados les resulta oneroso a los prestadores del interior, es porque ellos no tienen capacidad instalada para atender todos los casos”. Puso como ejemplo que en el departamento de Anta no hay una unidad de terapia intensiva ni servicio de diálisis, lo que obliga a trasladar a los pacientes.

En el caso del ítem ruralidad, el director hizo hincapié en que fue él mismo quien les sugirió a los dueños de sanatorios del interior de Salta gestionar esa mejora, para que con la misma tengan recursos disponibles para invertir en sus establecimientos y mejorar los servicios que prestan.

Sobre el punto aclaró que se está gestionando a nivel nacional que se aplique un pago por zona de frontera, similar al que se abona a los prestadores de la zona patagónica, pero advirtió que esa decisión depende sólo de lo que decida la Nación.

El titular de la Acidsal, José Brizuela, propietario de la clínica Itatí de El Quebrachal, especificó a El Tribuno que “nos están pagando $2,70 por kilómetro y el costo ronda los $7”.

Mientras la polémica se dilucida, 25.000 afiliados al Pami del interior observan con zozobra que todo apunta a recibir menos servicios.