Veamos los argumentos de los diputados:

Gabriel Romero (PNN) dijo que no iba a ‘facilitar’ que la Legislatura provincial se convierta en “un eslabón más en la cadena de presiones que el gobierno kirchnerista ejerce sobre la justicia”. Sostuvo que gran parte de los 200 artículos de la norma se encuentra en vigencia y endilgó al gobierno nacional la intención de generar un monopolio de medios oficial parecido al que montó en la provincia de Santa Cruz.

Rodolfo Canini (FG-MUN), autor de la iniciativa, sostuvo que la norma es más que una ley que regula los medios audiovisuales y que en el corto plazo apunta a un cambio cultural para que cualquier persona haga efectivo su derecho de “ser informado y poder informar”. Respecto al grupo Clarín, dijo que a más de tres años de sancionada la norma, todavía hay grupos económicos que ven afectados sus intereses y por eso no cesan en su afán de operar para que una ley democrática no se aplique en su totalidad. “Se tienen que adecuar les guste o no les guste”, concluyó.

José Russo (MPN) remarcó que apoyar una legislación nacional vigente sancionada en democracia “no es una opción para un diputado, sino una obligación”. Sobre el rol de los medios en la sociedad, recordó la influencia que los grupos concentrados en ese rubro tienen sobre la vida política e institucional argentina. Repasó su rol durante la caída del gobierno del presidente radical Arturo Illia en 1966 y el ocultamiento de información durante la última dictadura militar. “Cuando los medios de prensa adquieren características monopólicas, atentan contra la democracia”, aseguró.

Daniel Baum (UP) sugirió demitificar el rol del grupo Clarín y pidió no reducir una ley de medios votada en democracia a una pelea entre dicho grupo y el gobierno nacional. Aclaró que esta pelea es “fogoneada” desde el propio gobierno para “abroquelar la tropa propia” y destacó la necesidad de descartar cualquier tipo de discurso intolerante que apele a la desestabilización de un gobierno democrático.

Ricardo Rojas (MID) observó que el artículo 161 es el único que se encuentra en discusión y sobre el mismo se debe expedir la Corte Suprema de Justicia.

Alejandro Vidal (UCR) se refirió a las intenciones del gobierno, a las que calificó de “no tan nobles” al exigirle al grupo Clarín la desinversión y no hacer lo mismo con grupos cercanos al oficialismo como Spolsky, Vila-Manzano, Electroingenieria, Moneta y Cristobal López.

Jesús Escobar (LS) añadió al grupo Telefónica, empresa que, según su opinión, queda afuera de la normativa de la presente ley y se erige como la gran beneficiada al poder montar un sistema de ‘triple pay’ –teléfono, televisión e Internet- sin tener que desinvertir y con una infraestructura ya instalado.

Amalia Jara (PJ) equiparó la aplicación de la normativa a una lucha política de la que ningún partido se puede desentender. Al responder sobre la falta de aplicación, llamó a los diputados a recorrer el interior de la provincia y observar la proliferación de radios que hay en la región.