La actitud asumida esta semana por el Gobierno de Cristina Fernández, que salió a desacreditar a la Justicia a raíz de una sentencia contraria a sus intereses, volvió a poner sobre el tapete la crisis que padecen las instituciones de la República, como consecuencia de un modelo de gestión caracterizado por los permanentes embates del Ejecutivo sobre los otros poderes.

Paralelamente, la polémica desatada en torno al pretendido uso de las reservas del Banco Central para el pago de la deuda externa, desencadenó una creciente "judicialización de la política", con la oposición recurriendo a instancias judiciales en el afán de ponerle freno a una medida que no se puede resolver en el ámbito natural del Congreso de la Nación.

Frente a este complejo escenario, EL SIGLO consultó a dos figuras locales que, con sus reflexiones, tratan de poner mayor claridad sobre el tema: Por un lado, el legislador provincial e integrante del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) por la minoría política, Esteban Jerez (Ciudadanos Contra la Corrupción), y por otro lado, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la UNSTA y especialista en Derecho Constitucional, María Gilda Pedicone de Valls.

Impunidad política

Según la consideración de Jerez, todo el desarrollo de procesos judiciales que se han desencadenado en los últimos meses por parte de sectores políticos opositores al kirchnerismo significa un "llamado severo de alerta, ya que no se están haciendo bien las cosas" en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

De esta forma, el parlamentario opositor estimó que el proceso de judicialización resulta independiente del espacio o polo que esté incurriendo en irregularidades: "Es necesario que se investiguen delitos, más allá de si son de la esfera política o no. Muchas veces, desde la política, se hacen cosas que están muy cerca de equipararse con la delincuencia. Quienes se ven involucrados en hechos de corrupción que afectan la institucionalidad del país, es la justicia la última garante de nuestros derechos y libertades, por lo tanto es lógico que se recurra a ella", argumentó.

Por su parte, Pedicone de Valls destacó que el esquema espiralado de demandas y contrademandas en el que incursiona la senda institucional "dista de una funcionalidad acorde a las facultades en que deben guiarse y ajustarse cada uno de los Poderes del Estado". Sin embargo, entiende que tal situación radica en un exceso por parte del Ejecutivo en su manera de administrar la cosa pública: "No es bueno que la gestión de gobierno sea motivo de permanentes intervenciones del Poder Judicial para bloquear o desandar esos excesos. Pero mucho menos bueno es que el poder político se sienta impune y se comporte con absoluto desprecio por los límites que imponen la constitución y las leyes", advirtió.

Tanto Jerez como Pedicone de Valls coincidieron en que si desde el Estado se ponen trabas al accionar judicial o, en su defecto, se decide avanzar a pesar de las sentencias, en una actitud que podría considerarse de desacato, se estaría constituyendo una inestabilidad de la armonía social, dando lugar a posibles desbordes en el orden jurídico y legal.

"El sistema tripartito de los poderes no sólo garantiza el equilibrio entre ellos, sino que la Justicia, en particular, tiene como objeto evitar la venganza privada. Cuando la justicia o las instituciones no responden de acuerdo a los antecedentes, la gente sale a la calle a juzgar por mano propia lo que no se resuelve institucionalmente", remarcó el legislador tucumano.

Convulsiones

En igual sentido se manifestó Valls, quien consideró que cualquier atropello del Poder Ejecutivo contra los otros poderes del Estado, en especial si se trata de la Justicia, podría alentar a la sociedad a obrar de igual modo, desconociendo los límites que ésta decida imponer.

"Cuando el poder político se enoja con el Poder Judicial porque este le pone límites, cuando se hacen explícitas acusaciones contra los magistrados que fallan en contra del Gobierno o se los somete a campañas de desprestigio o amenazas de destitución, se está atentando contra las bases mismas de la arquitectura del poder estatal, porque el ciudadano común , eventualmente necesitado de recurrir a un juez en procura de justicia, se convierte en un descreído del sistema judicial como el responsable de impartir justicia", reflexionó la abogada constitucionalista.

En este contexto, según consideraron las fuentes consultadas por EL SIGLO, una eventual desobediencia judicial por parte de la máxima autoridad del país, podría hacer desencadenar un peligroso desborde social e institucional, al no delimitarse claramente cuáles son las responsabilidades y obligaciones a cumplir en un estado de derecho.

"En épocas de gran convulsión cuando la justicia no toma el toro por las astas y hace respetar las leyes, o cuando el Ejecutivo se excede en sus atribuciones, las personas ganan las calles y se produce la etapa previa al contrato social y esto trae consecuencias nefastas para las condiciones de vida, porque no se respetan nuestros derechos y libertades", advirtió Jerez.

A su turno, Pedicone de Valls, consideró que "el ciudadano común se siente inmerso en un clima de pugna constante y libre albedrío en las altas esferas de poder, donde se sobrepasan límites impuestos, con lo cual casi le están llevando a ejercer sus reclamos por mano propia, a la venganza personal, un retroceso a los oscuros tiempos de la ley del talión que las sociedades modernas han superado".

Sistema judicial resentido

En el plano local, si bien reconocieron que con la conformación del CAM se ha consolidado un fuerte avance en materia de calidad institucional y transparencia en el proceso de selección de jueces, los entrevistados opinaron que el proceso todavía no posibilitó superar la crisis en la que se encuentra la administración de justicia por errores del pasado.

"El sistema judicial que involucra la eficiencia de los Tribunales, su idoneidad, los resultados que se obtienen y los recursos que se destinan, está teniendo las dificultades que originaron la reforma constitucional de 2006 que imposibilitó la normal y oportuna cobertura de los numerosos juzgados vacantes", afirmó Pedicone de Valls.

En tanto, el vocal del CAM por parte del estamento político y ex fiscal Anticorrupción de Tucumán, afirmó que "la Justicia está funcionando de acuerdo a las exigencias" aunque aclaró que "su administración está resentida sensiblemente debido al sistema ineficiente de subrogancias. Aspiramos a un nivel de eficiencia y rapidez que permita terminar con el avance sobre los jueces a partir de la tentación del poder político para lograr impunidad", concluyó Jerez.