El Ejecutivo enviará mañana un informe a la Cámara de Diputados y a la Comisión de LAC del Senado. El miércoles o jueves, el Gobierno decidirá si pide juicio político para Pérez Hualde.
La carpeta, que lleva la firma de los ministros Mario Adaro (Gobierno) y de Alejandro Cazabán (secretario General de la Gobernación), llegará simultáneamente a las manos del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, y a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado.
La información que mandará el Gobierno contiene todas las acciones que realizó el Ejecutivo desde que salió a cuestionar al máximo tribunal mendocino por el nombramiento de magistrados, sin haber pasado por las instancias previstas por la ley 7.294 y por la acordada de la Corte 21.074, la cual creó el cuerpo de magistrados subrogantes y fijó las condiciones que estos deben cumplir para acceder al cargo.
“Es hora de que la Legislatura empiece a actuar”, dijo Cazabán a Diario UNO.
El funcionario confirmó que el informe que enviarán a la Casa de las Leyes “por orden del gobernador” contiene todas las notas que el Ejecutivo envió a la Corte y también la respuesta que emitió el máximo tribunal.
En este caso, Cazabán aprovechó para asegurar: “A la respuesta de la Corte la tomamos como una especie de amenaza. Es una falta de respeto que conteste un secretario en lugar del presidente”.
¿Juicio político?
Una vez que la Cámara de Diputados y la comisión de LAC del Senado tengan el informe, el oficialismo avanzará en el cumplimiento de un único objetivo: “Dejar sin efecto las designaciones”, tal como indicó Tanús.
En esa línea, el jefe de la Cámara Baja apuntó: “Lo que ha hecho la Justicia es inadmisible. Es como si nosotros hiciéramos una ley para designar diputados a dedo”.
Tanús detalló que una vez que tengan el informe, se evaluará la manera de “convocar a los jueces que avalaron las bajas y las designaciones”.
Se trata de Alejandro Pérez Hualde, Carlos Böhm y Jorge Nanclares, los tres miembros de la Sala Administrativa que firmaron los nombramientos.
Precisamente, en el cuarto piso de Casa de Gobierno estudian por estas horas si es factible iniciar juicio político contra los tres magistrados por mal desempeño, tal como prevé el artículo 109 de la Constitución provincial. El Ejecutivo decidirá entre el miércoles y el jueves si avanza en el proceso de destitución de, nada menos, que el titular de la Corte y otros dos miembros del máximo tribunal.
Apoyo en la Legislatura
En la nueva cruzada que ha emprendido contra los jueces, el Gobierno cuenta con el apoyo legislativo de gran parte de los bloques de la oposición.
Hace 10 días, los senadores Aldo Giordano (PD) y Sergio Bruni (UCR) hicieron un pedido de informe solicitando explicaciones sobre las bajas y designaciones de jueces subrogantes.
Mientras tanto, el diputado radical Raúl Vicchi aseguró: “Los nombramientos de conjueces constituyen un problema hace mucho”. Pero relevó de cualquier duda el funcionamiento del Consejo de la Magistratura que, según él, “está trabajando a full y armando ternas permanentemente”.
Los conflictos con el Poder Judicial Nanclares y los halcones
El enfrentamiento entre el gobierno de Celso Jaque y la Justicia no es nuevo. En agosto del año pasado, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, aseguró que en el Ejecutivo había dos sectores: uno de palomas y otro de halcones. En el último ubicó a Alejandro Cazabán, a quien acusó de ser “el portavoz del sector más duro”.
Por las jubilaciones
Apenas 10 días después de las declaraciones públicas de Nanclares, otro miembro de la Corte apuntó contra el secretario General de la Gobernación. Carlos Böhm le pidió a Cazabán que “no sea idiota”, lo llamó “ignorante” y le pidió, además, que “mida la lengua”. Fue después de que el Ejecutivo cuestionara la demora en la jubilación de algunos magistrados.
Por las bancas
En abril de este año, el PJ y el Frente Cívico Federal se disputaron dos bancas en el Senado provincial que estaban en juego tras las elecciones de 2009. Una reunión entre Alejandro Pérez Hualde y referentes de la alianza cobista motivó una amenaza de juicio político de peronistas contra el titular de la Corte, lo que provocó un nuevo enfrentamiento entre la Justicia y el oficialismo.
Conjueces y escándalo
El 30 de julio, el Gobierno blanqueó su malestar por la designación de conjueces, que no siguió los mecanismos previstos por la ley 7.294 y por la acordada por la Corte 21.074, y apuntó al nombramiento de Silvina Culós en el Segundo Juzgado de Ejecución Penal, al de María Páramo en el Juzgado de Familia (Malargüe) y al de Armando Farina en el Juzgado Correccional y Faltas (Alvear).
Otra vez, juicio político
El conflicto por el nombramiento de conjueces generó una serie de notas cruzadas entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Finalmente, el Gobierno decidió llevar la pelea a la Legislatura y a mediados de semana (entre el miércoles y el jueves) definirá si pide juicio político contra Alejandro Pérez Hualde y otros dos miembros de la Corte que avalaron las designaciones.
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