Una pelea por $ 23.500 millones

Una pelea por $ 23.500 millones
El descuento de recursos coparticipables de las provincias acordado en la década del 90 para financiar el pago de los haberes es el eje de la disputa con el gobierno nacional
El monto de dinero que Córdoba le reclama al gobierno nacional para compensar el déficit de 2011 de la caja previsional de sus empleados públicos equivale a poco más de la mitad de lo que, según se estima, resignará este año la provincia en favor del sistema jubilatorio nacional, por haber cedido dos décadas atrás el 15% de lo que le correspondía por los recursos impositivos coparticipables.

El dato es una pincelada en el muro sobre el que simbólicamente se pinta una lucha por miles de millones de pesos que mantienen varias provincias con la Nación. Para este año, cálculos del Ieral ubican en $ 23.528 millones las detracciones a las administraciones locales por aquel concepto. Es una cifra que equivale a un tercio del gasto total ejecutado por el gobierno central en los primeros siete meses del año, mientras que las jurisdicciones salvarían con esos fondos sus desequilibrios.

Un caso: Santa Fe -que da su pelea en el escenario judicial- dejará de percibir este año unos $ 4500 millones, mientras que el bache de su caja previsional sería de unos $ 500 millones, según dijo a LA NACION el subsecretario de Seguridad Social de la provincia, Aldo Gómez.

Los grandes números muestran que en 2011 y sin la quita la Nación habría tenido un déficit de $ 14.000 millones en lugar del superávit de casi $ 5000 millones, en tanto que las provincias en su conjunto habrían transformado su desequilibrio de $ 8000 millones en un saldo positivo de $ 11.000 millones, según la mencionada consultora.

La historia comenzó en agosto de 1992, cuando por un pacto fiscal los gobernadores cedieron el 15% de la coparticipación para financiar la transición entre el sistema previsional estatal y el de las AFJP. Según estimaciones del Ieral, hasta el año pasado se resignaron $ 228.320 millones (a valores de 2011), cifra que se eleva a $ 493.740 si se agrega la no coparticipación de una porción de varios impuestos, derivada directamente a la Anses.

Aquel pacto estableció que el dinero en cuestión iría al sistema jubilatorio nacional. Aún no se había aprobado el régimen mixto de capitalización, que hizo que durante años se derivaran los aportes de millones de trabajadores a cuentas de ahorro individual, restándolos del sistema de reparto. Pero el esquema estaba ya en mente de los funcionarios, que sabían que debían apuntalar las cuentas nacionales, y las provincias se comprometieron a apoyar la reforma, puesta en vigor en 1994. La capitalización fue eliminada a fines de 2008, y entonces la Anses recibió los fondos que se habían acumulado, mientras que hoy por hoy también percibe los que van aportando los trabajadores. Por esa razón, las provincias usan el último cambio previsional como argumento de sus reclamos.

En otro pacto de los 90, la Nación se comprometió a hacerse cargo de las cajas previsionales de empleo público provincial. Entre 1994 y 1996, once jurisdicciones aceptaron transferir sus sistemas, que quedaron adheridos al de la Anses. Con las provincias que, en cambio, retuvieron sus cajas, se negoció desde 1999 que la Nación cubriera el déficit a cambio de una "armonización", es decir, de una asimilación progresiva de los sistemas al nacional.

BENEFICIOS MÁS ALTOS

Un rasgo destacado de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas es que pagan haberes iniciales del 72 al 88% del último salario en actividad, mientras que en la Nación ese índice ronda el 40 o 50 por ciento. Se trata de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Esta última, junto con Neuquén y Chubut, no acordó compensar su déficit.

Según datos recopilados por investigadores de la OIT, entre 2003 y 2010 se transfirieron desde la Nación $ 11.440 millones por los convenios de armonización. Un trabajo del Ieral especifica que en 2011 el monto fue de $ 716,7 millones. Pero con los años la lista de quienes reciben dinero se diezmó. En 2011, según varias fuentes consultadas, sólo hubo fondos para cuatro provincias, gobernadas por el kirchnerismo: Chaco, Entre Ríos, Misiones y Santa Cruz. Todas pagan mejores haberes que la Nación, incluso en algunos casos con edades de retiro más bajas.

Es por 2011 que Córdoba reclama $ 1040 millones. El lunes 10 tendrá la posibilidad de debatirlo con funcionarios nacionales, en una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia. Osvaldo Giordano, presidente de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la provincia, afirmó que el sistema se adecuó al nacional en lo que se había comprometido, como la edad de retiro y las condiciones par a jubilarse. Sí se mantiene un haber inicial del 82 al 88% del último salario. Frente a los cuestionamientos del gobierno nacional por esos pagos -que también se dan en provincias más beneficiadas-, Giordano argumenta que Córdoba se hace cargo del déficit por mantener tal diferencial.

Hoy la discusión incluye la renuncia al pacto fiscal, para que la Nación deje de detraer el 15% de la coparticipación. Córdoba resignó $ 19.804 millones hasta 2011. Para este año, el cálculo del Ieral es que dejaría de percibir $ 2018 millones. En la caja provincial estiman un déficit de $ 110 millones mensuales.

Desde Santa Fe, Gómez especificó que hasta 2006 la provincia recibió $ 370 millones. Según dijo, no hubo explicación cuando no llegaron más fondos. El régimen nacional, por su parte, no se mantuvo igual que cuando se firmaron los pactos. Además de recibir muchos más fondos por aportes, el economista Oscar Cetrángolo pone el ojo en acciones como las moratorias, por las que más de 2 millones de personas se jubilaron, en su mayoría sin ningún aporte previo. Son medidas con impacto social que conllevan costos que nunca fueron estimados. Ni se consensuó de qué manera afrontarlos. ß

RESIGNACIÓN BONAERENSE

Mientras que provincias como Corrientes comenzaron a elevar la voz para recuperar recursos coparticipables, en territorio bonaerense el pataleo llega únicamente desde la oposición. Sólo este año, la gobernación de Daniel Scioli perdería unos $ 5000 millones por el resignado 15% de coparticipación. El reclamo de legisladores opositores, elevado a la Corte Suprema, es por $ 14.000 millones, un monto que correspondería a las detracciones ejecutadas por la Nación en los últimos cuatro años..

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