En la causa también están imputados el ex intendente Juan Carlos Mascheroni y el actual primer mandatario de Pehuajó, Pablo Zurro, sobre quien la ley indica que para su apartamiento debe tener sentencia firme, en tanto para funcionarios o empleados imputados en irregularidades graves, dice que "serán preventivamente suspendidos". Ayer, minutos después de haber ingresado un proyecto de Resolución en el que los bloques de la oposición del Concejo Deliberante de Pehuajó señalan al Intendente que debe proceder a suspender al Jefe de Compras de la Municipalidad, procesado por "defraudación a la administración pública por administración fraudulenta reiterada", causa en la que se encuentran en la misma situación el actual jefe comunal, Pablo Zurro, y el ex intendente Juan Carlos Mascheroni, los ediles ampliaron sobre el tema en una conferencia de prensa brindada en el bloque de la UCR.

En la misma estuvieron presentes el presidente del bloque Unión Pro, Santiago Galíndez y su par, Walter Castiglia; los ediles Federico Cellerino y Julio Arive; así como el titular de la bancada radical, Jorge Hansen, acompañado por su par David López.

Recordó Hansen que la cuestión se inició "hace ya más de 4 años por iniciativa de los concejales de la Comisión de Presupuesto del HCD al momento de tratar la Rendición de Cuentas del año 2005, que fue en junio de 2006", oportunidad en que firmaron un dictamen rechazando la misma.

Dijo que el oficialismo de entonces, "finalmente, también terminó rechazando unas órdenes de pago de compras del Municipio de Pehuajó durante la gestión del Dr. Mascheroni, que eran 38 órdenes de compra de piedra dolomítica para el mejoramiento de calles".

"Nosotros, por la responsabilidad que nos tocaba, porque denunciábamos sobreprecio en aquella época y el bloque oficialista nos invitaba desde las bancas, incluso en la voz de uno de sus integrantes, el concejal (Pablo) Zurro (actual intendente), a que concurriéramos a la Justicia. De hecho lo hicimos porque es la obligación que tiene el funcionario público de denunciar hechos de este tipo, cuando presuponíamos defraudación al Estado Municipal por pago de sobreprecios".

Continuó detallando que el 23 de junio de 2006 se radica una causa que después se denominó IPP 45.113, vulgarmente llamada "de la dolomita" y que jamás divulgamos hasta el día de la fecha, porque dejamos a la Justicia trabajar como corresponde durante estos cuatro años".

Dijo Hansen que fueron ocho los denunciantes, los cuatro integrantes de Un Compromiso con Pehuajó encabezados por su presidente, Aníbal Carballo; junto con Oscar Trapes, Mario Depaoli y Eduardo Mascheroni, y los cuatro de la UCR, encabezados por el titular del bloque, Pedro Goldenberg; Eduardo Taybo, Adriana Pérez y Jorge Hansen, los que fueron citados a declarar a partir de lo cual la Fiscalía inició sus actuaciones "que llevaron cuatro años de investigación", con "casi 30 declaraciones testimoniales", contando la causa con "tres cuerpos voluminosos (exhibió uno de ellos a la prensa), más otros tantos anexos voluminosos de fojas que fueron elementos de prueba que solicitara el fiscal Juan Martín Gárriz, de la UFI 3, a la Municipalidad de Pehuajó y que constan en la causa, todos certificados por el entonces intendente Juan Carlos Mascheroni, como copia de los originales que constan en el depósito de archivo de la Tesorería".

Agregó que además se realizaron cuatro pericias contables con los elementos pedidos por la Fiscalía y una pericia de ingenieros en el tema "que constataron las compras y el uso de la dolomita declarado por los testigos para determinar un gran faltante del físico comprado", demostrándose, además, lo denunciando respecto del pago de sobreprecios, dijo.

El edil, luego de explicar que la maniobra de sobreprecios "se puede demostrar a simple vista", con las facturas de los proveedores de Pehuajó, que cobraron 42 pesos, y las de un tranquelauquense, que el fiscal identifica como Héctor Antonio Ávila, que cobró 70, dio lectura a la parte en la que el fiscal detalla los hechos ocurridos entre febrero y julio de 2005, cuando Bolognesi era Jefe de Compras y Zurro secretario de Servicios.

Indica que ..."previa autorización del coimputado Juan Carlos Mascheroni, Intendente Municipal de la localidad de Pehuajó, y con la contribución y conocimiento de éste, adquirieron 2.933.150 kg de las piedras mencionadas para la obra de mejoramiento de calles y 788.530 kg para la obra acceso a barrios, ello mediante compra directa a varios proveedores, de los cuales Héctor Antonio Ávila resultó el principal y mayor proveedor de aproximadamente 3.000 toneladas, generándose 38 operaciones de compra en las que intervino el nombrado Ávila, abonándole a éste estimativamente pesos setenta ($70) la tonelada, cuando a los restantes proveedores le abonaron la misma mercadería a pesos cuarenta y dos ($42) la tonelada, ocasionando con su accionar un perjuicio económico proveniente de haber abonado sobreprecios de aproximadamente pesos veintiocho ($28) por tonelada de piedra con fondos provenientes del erario público".

Prosiguió leyendo que "Asimismo (en el mismo lapso) los imputados simularon la adquisición del material (ya mencionado) ello mediante la realización de transacciones de compra, las que justificaron utilizando en distintos suministros los mismos tickets de balanza donde pesaban la piedra que se proveía al Municipio de Pehuajó y que hacían de soporte de las operaciones de compra...". En muchos de los casos, los tickets originales pertenecían a viajes realizados por los transportistas de Pehuajó, de acuerdo con el detalle que figura en la causa, y reutilizados por su par de Trenque Lauquen.

Prosiguiendo Hansen informó que el fiscal llamó a los tres nombrados a declarar, y lo han hecho "el ex intendente Juan Carlos Mascheroni y el actual intendente y ex secretario de Servicios, Pablo Zurro, no así y tiene todo su derecho, quien fuera en aquella gestión y es hoy Jefe de Compras".

"Pero -apuntó- el Sr. fiscal después de cada declaratoria les hace saber que se les imputa a las tres personas a prima facie, el delito de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta reiterada", de acuerdo con el Código Penal Argentino.

El titular de la bancada radical sostuvo que los concejales denunciantes "nos ajustamos a los tiempos de la justicia. Los tiempos llegaron y vienen entonces las responsabilidades de los funcionarios públicos".

"La obligación ahora es comunicar al resto de los señores concejales cuáles son sus obligaciones y cuáles del Departamento Ejecutuvo, es por eso que hemos presentado en forma conjunta un proyecto de Resolución", al que dio lectura Santiago Galíndez.

Por su parte, el concejal Julio Arive explicó los aspectos legales que se tuvieron en cuenta para la presentación del proyecto, la diferencia que establece la ley respecto de funcionarios y empleados, y el Intendente.