Por José Luis Jacobo. La denuncia la hizo pública el defensor del Pueblo Cristian Azcona: “hay menores en la calle que aspiran pegamento hasta seis veces por día”.
Señala esta norma: “Llevar un libro especial debidamente foliado y rubricado por la autoridad policial de la jurisdicción en el que constará: nombre y apellido, documento de identidad y domicilio del adquirente, así como también nombre del producto y cantidad vendida. Conservar las boletas que acreditan la compra al mayorista o distribuidor, las que indicarán en forma legible la cantidad y marca del producto, individualizando al responsable de su venta. Verificar que el producto esté rotulado de acuerdo a la norma que rija en la materia. En caso de diferencia en la rotulación de los distintos productos, se hará constar dicha circunstancia en ocasión de gestionar la autorización del libro mencionado en el inciso a), en el que quedará asentada tal declaración en forma pormenorizada”.
Obvio es que nada de esto se cumple. Amén de lo dispositivo, la ley fija parámetros de punición:“serán sancionados con multas de cinco mil (5.000) pesos a cincuenta mil (50.000) pesos y clausura de diez (10) a noventa (90) días el local, establecimiento, comercio, y en su caso, decomiso de las mercaderías, los responsables, propietarios, gerentes, encargados, que violaren lo establecido en la presente ley (…).Sin perjuicio de lo expuesto, las autoridades de comprobación podrán clausurar preventivamente hasta por tres días los locales, establecimientos o comercios en los que se hubiere constatado la infracción. Este plazo podrá ser prorrogado hasta un máximo de quince (15) días por resolución fundada. El recurso que contra la misma se interpusiera se concederá al sólo efecto devolutivo”.
La ley, como en tantos otros casos, es una abstracción que no se cumple, no se controla, y seguramente da lugar a tratos espurios. Al hacer pública la cuestión, Azcona recibió quejas y críticas de funcionarios municipales que, por cierto, claramente incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario público. Recién llegada de un viaje por Francia,Alejandra Urdampilleta señaló que el municipio tiene propuestas de contención como el programa Envión o lo que se está preparando en el paraje San Francisco. “Estos jóvenes son hijos del neoliberalismo y lamentablemente son resultado de una historia política de falta de inclusión”, afirmó, y caracterizó a la problemática “como una cuestión esencial, no sólo para la gestión sino también para la comunidad”. Irritante hipocresía: estos jóvenes tienen en promedio entre 11 y 16 años. ¿Neoliberalismo? Hay que ser caradura... Si algo define al neoliberalismo es la idea de que cada individuo es dueño y responsable de su suerte. A su suerte los dejan librados estos funcionarios pagos con sueldos de lujo. Mientras tanto, el otro “responsable”, Fernando “Fefe” Gauna, estaba con un pie en el avión que llevaba en sus vacaciones de familia a USA. Demasiado ocupado como para ocuparse.
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