En cumplimiento de la ley que creó varios Juzgados en diversos fueros y ciudades de la Provincia, y cumplido los respectivos concursos en el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo recibió las pertinentes ternas. En esta instancia, el Gobierno de la Provincia pretende resolver las demandas más urgentes de la administración de Justicia.

En ese orden, se buscó atender la demanda del fuero Penal en Posadas, donde la ley elevó de tres a cinco el número de Juzgados; existiendo además dos vacantes como resultado del enjuiciamiento y destitución de dos jueces. Para cubrir los cargos creados, se propuso a los abogados López y Balor.

La otra demanda operativa, a la que el Ejecutivo dio una respuesta operativa, era el funcionamiento de los Juzgados de Familia de Oberá y Eldorado. En la actualidad, los Juzgados Civiles y Comerciales de esas ciudades se ven sobrecargados con la tramitación de causas correspondientes al fuero de Familia. La Legislatura, al sancionar la creación de sendos Juzgados de Familia en ellas, dio la herramienta normativa, que el Ejecutivo hace operativa con la puesta en marcha de esos Juzgados.

Para ello, se enviarán a la Legislatura los pliegos pidiendo acuerdos constitucionales para la designación del abogado José Gabriel Moreira como juez de Familia en Oberá; y de la abogada Margarita Potschka como jueza de Familia en Eldorado. Una vez más, se nomina a personas del medio, y con trayectoria en el lugar donde ejercerán sus funciones.

El objetivo de estas propuestas y acciones es fortalecer la administración de Justicia en el fuero de Familia, que tramitará –entre otras- las causas referidas adopciones, tenencia de hijos, divorcios, separaciones, demandas de alimentos y demandas de filiación. En la actualidad, esas causas eran tramitadas por los Juzgados Civiles y Comerciales, que ahora se verán más aligerados de tareas para sustanciar las causas tales como juicios ejecutivos, concursos y quiebras, sucesiones y otras. Ambos fueros se verán fortalecidos, y la administración de Justicia se verá mejorada. En última instancia, el beneficiado será el ciudadano misionero.