La funcionaria está puntualmente vinculada a esta causa, en una denuncia que presentó ante la justicia una persona de apellido Llanos, que con fecha 18 de julio pasado hizo una presentación ante el Juez de Instrucción Formal de Quinta Nominación, ante quien describió la forma en que accedería a 50 licencias de remis, por las que pagó $2.500 cada una a través de una persona de apellido Mendoza, con entregas parciales de dinero hasta que le hicieron firmar un pagaré por $50.000 con el argumento de que había documentación próxima a resolverse.

Llanos en su denuncia dijo que de acuerdo a la información que recibía el pagaré estaba en poder de la señora Estela Soto. Sobre esa denuncia, el Fiscal Penal Nº 1 Eduardo Barrionuevo pidió el 2 de julio último al juez de Instrucción Formal de Quinta Nominación, la ampliación de una promoción de acción penal anterior e instrucción judicial contra cinco personas (Carlos Mendoza, Alfredo Billafán, Jorge Díaz Medina, Nicolás Puente y Estela Soto), por el delito de exacciones agravadas en concurso real con falsificación ideológica de instrumento público.

Los fundamentos del proyecto de Saravia aluden precisamente a la ordenanza que autorizó la concesión de 400 licencias de remis para regularizar el servicio informal y resolver un problema social, pero "pese a las buenas intenciones mediante los decretos 155, 331, 682, 714, 729, 752, 811 y 853 -entre otros- se entregaron licencias cuya legalidad está cuestionada.

Menciona que se investiga la concentración de licencias de remises en unas pocas personas a quienes les eran cedidas aún antes de que se dictaran los actos administrativos de adjudicación.

Sostiene Saravia que "sin perjuicio de que se han cedido las potestades municipales en materia de taxis y remises a favor de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), la imputación penal en diversas causas y en contra de funcionarios municipales impone al Concejo Deliberante la presencia de la Secretaria General de la Intendencia para que sea interpelada conforme lo prevé el artículo 22 inciso i) de la Carta Orgánica Municipal".

"Respeto la presunción de inocencia de la que gozan los funcionarios municipales; que un secretario de la intendencia vaya al recinto no involucra persecución alguna", advirtió Saravia.