El titular del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), cuya estructura será transferida a la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación, Oscar Bernard, consideró que la ley que fue sancionada el miércoles por el Senado Nacional “es una Ley engañosa, porque a partir del artículo 102 de la Ley, se incorporan dos temas que son altamente inconstitucionales, ya que le sustrae al gremio de la UATRE el seguro de sepelio y se lo pasa al estado y después elimina al RENATRE, lo disuelve como organismo de derecho público no estatal y crea un nuevo organismo que se llama RENATEA que depende del estado”.

Bernard sostuvo que “es inaudito que al seguro de sepelio, que es una conquista lograda por los trabajadores rurales de la UATRE, se lo quite al gremio y se lo transfiera al estado”, sobre lo que “seguramente habrá una presentación judicial por inconstitucionalidad”.

En cuanto a la disolución del RENATRE, Bernard opinó que “la ley elimina este organismo que está conformado por trabajadores, empleadores y el estado, para crear otro organismo que se llama RENATEA, lo que es una cosa muy grave”, al tiempo que sostuvo que “mucho más grave todavía, es que se establece la transferencia del dominio de todos los bienes del RENATRE al RENATEA sin cargo alguno y sin pagar ni un solo centavo, por lo que se expropia a nuestra institución de todos los inmuebles de Buenos Aires, los comprados en todo el país, los rodados y todas las cosas que tiene el RENATRE, lo que directamente representa la confiscación de bienes, que es exactamente lo mismo está prohibido en la Constitución Nacional en el artículo 17 y es ni más ni menos que un saqueo constitucional”.

Judicialización

Para Bernard, “esta medida será objeto del repudio ante los estrados judiciales para ver si existe algún poder del estado que pueda ponerle un poco de coto ante semejante confiscación de bienes”.

“Desgraciadamente la fuerza del numero obtenido a partir del 54 por ciento de los votos, está siendo utilizado para destruir instituciones a una usanza que es repudiable”, lo que indicó que “deberá ser justificado en la justicia, ya que se van a implementar las medidas judiciales que se crean necesarias a los fines de lograr que esto sea objeto de revisión judicial, como lo están todas las leyes en la Argentina, sometidas a un control de constitucionalidad”.

Según estimó “Aquí no queda otra que la justicia haga dar macha atrás con todo esto que no es mas que un avasallamiento a las instituciones, con un desapoderamiento de bienes y la destrucción de una institución como la que se ha sancionado”.