Cabe destacar que en los disturbios además de los diputados fueron damnificados vecinos de La Leonesa y Las Palmas, el ex subsecretario de Derechos Humanos, Marcelo Salgado, el presidente del Frente Grande Daniel Trabalón, el secretario de la producción de FECHACO Juan Francisco Alvarez y los doctores Andrés Carrasco y Horacio Lucero quienes iban a disertar sobre los efectos de los agrotóxicos sobre la salud.

En las denuncias de estas personas se afirma que los hechos de violencia fueron protagonizados por un grupo de empleados municipales y arroceros encabezados por el intendente Carbajal y su esposa, la diputada Insaurralde, involucrándose también a dirigentes de la Cámara de Aeroaplicadores y el dueño de las dos arroceras de la zona.

Ayer en la Legislatura había preocupación por la reunión de esta tarde, ya que había informaciones sobre movilizaciones en apoyo de cada uno de los sectores enfrentados. Habrá un dispositivo de seguridad especial en la Cámara, buscando evitar nuevos incidentes. El proyecto de Martínez y Bolatti no tendría número suficiente como para ser aprobado.

Prerrogativas parlamentarias

Cabe destacar que tras los incidentes se promovieron acciones penales que están en manos de la justicia, pero más allá de eso los legisladores tienen prerrogativas proclamadas en la Constitución Provincial a partir de la cual tienen la posibilidad de excluir de su cargo a uno de sus pares.

La Constitución en el capítulo sobre desafuero (artículo 103) dispone que “cuando se promueva acción penal contra un diputado, la Cámara, por resolución fundada y con el voto nominal de dos tercios de sus miembros, podrá suspenderlo en sus funciones y dejarlo a disposición del Juez competente para su juzgamiento”. Pero el caso de Insaurralde se encuadraría en lo establecido en el artículo 105 donde expresa que “la Cámara podrá, con los dos tercios de votos de la totalidad de sus componentes, corregir y hasta excluir de su seno a cualquier diputado por indignidad o desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”.

Por otra parte harán uso de lo dispuesto en el artículo 104 para el caso de Carbajal ya que “la Cámara tiene jurisdicción para reprimir hasta con treinta días de arresto a quienes atenten contra su autoridad, dignidad e independencia o contra las inmunidades de sus miembros”.

Cuestión de privilegio

El legislador del bloque Libres del Sur Carlos Martínez, adelantó que plantearán una cuestión de privilegio en la que denunciarán lo sucedido, pero al mismo tiempo harán la presentación del pedido de exclusión que entienden será girado a la comisión de Asuntos Constitucionales. En el caso del arresto para el jefe comunal Carbajal y otras personas podrían solicitar el tratamiento sobre tablas, y para ello deberán contar con los dos tercios para su definición en el momento; en caso de conseguir los dos tercios hará falta solamente el voto de la mayoría para disponer el arresto”.

En este contexto el diputado señaló que “si el justicialismo no habilita el tratamiento sobre tablas este tema será tratado la semana que viene, pero será un hecho reprimir con el arresto al intendente y al hijo del dueño de las arroceras. Voy a pedir 30 días de arresto”.

Anoche el bloque del PJ tenía decidido no apoyar la iniciativa, y se sabía de gestiones desde la Casa de Gobierno por apaciguar los ánimos, teniendo en cuenta que el oficialismo tiene una precaria mayoría en la Legislatura.