Es para afrontar la suba de las dietas y otros gastos, tras la resolución de Schiaretti de derogar la equiparación salarial con jueces.
A partir de allí los legisladores, al menos del oficialismo y de algunas bancadas opositoras, buscarán progresivamente ir recomponiendo el presupuesto de la Casa de las Leyes hasta llegar a unos 240 millones de pesos, el equivalente al 2% de la partida presupuestaria provincial.
La marcha atrás del juecismo en los aumentos de dietas de los legisladores obliga al Poder Ejecutivo a reenviar un proyecto en el que deroga (en lugar de suspenderla hasta diciembre de 2011) a la ley de equiparación salarial. El argumento es que al autorizar a la Justicia provincial a “engancharse” a los salarios del Poder Judicial de la Nación, es incompatible mantener la equiparación de los sueldos de legisladores y funcionarios a esta escala.
Por esta razón, legisladores se fijarán sus salarios, y los funcionarios de la planta política lo harán por su cuenta, en cumplimiento de lo dicho por Schiaretti de que en adelante cada poder discutirá sus salarios.
El sistema que reemplace la ley de equiparación salarial deberá no transgredir el artículo 76 de la Constitución Provincial que dice que a los agentes de los tres poderes les corresponde igual remuneración por similar tarea.

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