El diputado del Frente Para la Victoria, Miguel Montoya, presentó un proyecto de ley para derogar el procedimiento de grabado del número de dominio en las partes móviles de todo vehículo automotor registrado en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor.

El proyecto que tiene el acompañamiento de sus pares, Javier Touriñan, Ricardo Astete, Stella Maris Vargas y Pierina Bissi se basa en la necesidad de adecuar la normativa provincial con respeto a las facultades legislativas que las provincias han delegado en el Estado Federal, “esta Legislatura ha invadido la esfera federal al dictar la ley cuya derogación se propugna”.

Al respecto el diputado Montoya aseguró ayer en Radio Del Mar que pedirá “la derogación de una ley impulsada por el diputado (Ricardo) Sastre de Puerto Madryn (que en su momento fue avalada por él) que propiciaba el grabado de las autopartes” por medio de una empresa de Buenos Aires que se lleva el 60 por ciento de lo recaudado.

Montoya agregó: “el que pone la planta y el personal es el Estado” y cuestionó que hay una superposición con las facultades del Registro Automotor y determinó que “pareciera una norma propiciada por lobistas”.

“Tomé conocimiento por parte de un Registro del Automotor de que se había enviado la aplicación de esta ley provincial y el dictamen emitido por la autoridad del Registro Nacional que informaba que este acto administrativo de grabar las seis partes de los automotores con un sistema de puntos donde se imprime el dominio y que tiene como fin la identificación de piezas que pueden haberse sustraído”, indicó.

Explicó además que “existe una ley nacional de autopartes usadas que determina que cuando un auto fue siniestrado y será dado de baja el Registro del Automotor le da al propietario un sticker donde se le ponen a las piezas recuperables y sólo éstas pueden estar en condiciones de ser vendidas como usadas. Cualquier pieza que no lo tenga podría ser de procedencia ilícita”.

El diputado puntualizó: “solicité la derogación de esa ley y el ministro de Gobierno mandó una directiva de que no se podía aceptar un trámite que no tuviera ese grabado obligatorio”.

Aclaró que “antes las plantas se limitaban a hacer la verificación de motor y chasis como establece Ley Nacional” y puntualizó: “los sospechoso que llamó la atención de esta ley es que le otorgaba el trabajo a una empresa privada de Buenos Aires y que le da el 60 por ciento de la recaudación cuando el que pone la planta y el personal es el Estado”.

Montoya puntualizó que la máquina grabadora “sale 9 mil dólares” y especificó: “si en cada planta le dan el 60 por ciento es un negocio redondo, lo que lo hace sospechoso de lobby”. A este servicio “lo debe pagar cualquiera por un auto usado y cuesta 110 pesos cuando antes la verificación valía 12 pesos”.