El bloque del Frente Cívico por Santiago ingresará esta semana dos proyectos al Congreso de la Nación a través de los cuales se solicitará la quita de los beneficios a las empresas que contaminen, así como también la prohibición de adquisición de su producción y la solicitud de informes a la Nación para que interceda ante la provincia de Tucumán y pueda informar “cuál es la situación de los grandes volúmenes de vinaza en algunas de las destilerías”.

Los proyectos serán presentados en particular por el diputado santiagueño Cristian Oliva, quien además expresó que buscará el acompañamiento de sus pares de otras provincias, a los fines de instalar la problemática ambiental que atraviesa Las Termas en el Parlamento.

En diálogo con EL LIBERAL, el legislador explicó que uno de los proyectos tiene que ver con la Ley de Promoción del Bioetanol, sancionada hace unos años y a través de la cual existen líneas de financiamiento y de apoyo por parte del Gobierno de la Nación para que esta actividad pueda desarrollarse y producirse en Tucumán.

En ese sentido, Oliva precisó: “A través de este proyecto de ley vamos a pedir la suspensión de los beneficios de estas leyes promocionales para la producción de bioetanol a todas aquellas empresas que no estén cumpliendo estrictamente con estas normas”.

Asimismo, añadió: “Inclusive vamos a propiciar a través de este proyecto, la prohibición de adquirir la producción que surjan de estas empresas que no estén cumpliendo estrictamente con las normativas vigentes”.

En lo referido al otro proyecto, Oliva sostuvo que se busca saber “cuál es la forma en que van a ser volcados los desechos que produzcan las destilerías, esperamos que sea con el tratamiento adecuado, sino que nos digan cuál será el destino, porque para el presente año está estimada una producción muy importante de alcohol, con lo cual los desechos que puedan llegar a producir, si no tienen un tratamiento adecuado conforme a la normativa vigente, podría agravar notoriamente la situación”.

Por último, el diputado señaló que “si bien hay un fuerte compromiso por parte de la Nación para solucionar la problemática, lo que advertimos es la falta de voluntad política por parte del gobierno de Tucumán para sancionar las empresas que contaminen”.l