La segunda jornada del juicio por la desaparición de cuatro personas en la Zona Sur de Mendoza durante la última dictadura militar se agotó en pasos formales. Pero según pudo averiguar este diario, cuando se reinicie el debate el lunes, la fiscalía pedirá que se agrave la acusación contra los cinco juzgados, quienes hasta ahora deben responder sólo por el delito de privación ilegítima de libertad agravada por haber sido cometida con violencia o amenazas, que no conlleva una sentencia de peso. El objetivo es que se le sume homicidio por cuanto las víctimas desaparecieron tras ser detenidas.

Ayer, sin tanta participación popular ni de organismos defensores de derechos humanos, la audiencia se centró en la lectura del acta de elevación a juicio, que con la firma del juez federal de San Rafael, Héctor Acosta, y más de 6.000 fojas, le dio el visto bueno -en febrero de 2009- a lo que hoy sucede en la sala montada en la delegación sanrafaelina de la Universidad Nacional de Cuyo y que marca el primer debate por delitos de lesa humanidad en la provincia.

Sin embargo, lo más importante no está tanto en lo ocurrido hasta ahora sino en que, abierto oficialmente el debate, se supo que de los cinco imputados presentes en la sala (el general Luciano Benjamín Menéndez no asiste por estar siendo juzgado en Córdoba y el médico Cristóbal Ruiz Pozo fue internado el miércoles), sólo Raúl Alberto Ruiz Soppe, quien era comisario general y jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza cuando ocurrieron los hechos investigados, anticipó su conformidad para declarar. El resto optó, por el momento, por mantener la boca cerrada (ver aparte).

Esto ocurrirá probablemente el lunes, pero no será lo único destacado sino que, teniendo en cuenta que la elevación a juicio mantiene las mismas imputaciones dadas contra los siete acusados, la fiscalía podría pedir a los miembros del Tribunal (integrado por Roberto Burad, Roberto Naciff y Héctor Cortes) una modificación que las eleve a calificaciones más graves y por lo tanto con condenas superiores, incluso perpetua.

La razón, según trascendió, está dada en que dentro del detallado informe del fiscal Francisco José Maldonado (leído durante la primera jornada), en todo momento se habló de la desaparición de Francisco Tripiana, Pascual Armando Sandoval, Roberto Simón Osorio y José Guillermo Berón.

Por eso se especula que todo el extenso análisis previo no se condice con la calificación impuesta, basada en la letra del Código Penal que en su artículo 144, inciso 1º (según la redacción dada por la ley 14.616 vigente a la fecha de comisión de los hechos) dispone reprimir la conducta del funcionario público "que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley privase a una persona de su libertad personal".

Y es que, durante la etapa de instrucción, quedó demostrado que las víctimas no están, lo que se traduce en desaparición que es igual a homicidio, lo que elevaría las condenas a reclusión perpetua, como ha ocurrido en varios fallos donde se investigan este tipo de delitos.

También se detalló ayer en forma pormenorizada la responsabilidad que tuvo cada uno de los acusados. Se menciona en el texto como autoridad máxima al mayor Luis Faustino Alfonso Suárez (ya fallecido) y se dice que los hechos juzgados "son el fiel reflejo y la aplicación efectiva de la comentada metodología criminal", responsabilizando de ese accionar a sus lugartenientes. Allí es donde aparecen, además de Menéndez y Ruiz Soppe, los ex policías José Martín Mussere y Juan Roberto Labarta, el militar retirado Aníbal Alberto Guevara y el abogado Raúl Egea.

El planteamiento fiscal de agravar los cargos que pesan sobre los acusados obligará al Tribunal no sólo a estudiar el tema, en reunión secreta, sino que deberá otorgar algunos días a las defensas para que preparen una nueva estrategia.

Además, en esto de reclamar, los defensores no se quedarán atrás. Rufino Troyano, en la primer audiencia anticipó un pedido de nulidad, que rápidamente fue rechazado por el presidente del Tribunal, Roberto Burad, basado en la ausencia durante el juicio del principal imputado, el general Luciano Benjamín Menéndez. Por eso este lunes es muy probable que vuelva a la carga con su posición.

Todo esto ocurre en San Rafael, donde no hay antecedentes de enfrentamientos armados durante la última dictadura ni desde antes de la toma de poder por parte de la junta militar, pero sí hubo centenares de detenidos y más de 30 desaparecidos.