El 2013 será el año en el que pueden haber muchas definiciones en el tema de las expropiaciones fraudulentas, por las que la Provincia tuvo que pagar importantes sumas de dinero en juicios supuestamente irregulares. Según fuentes de gobierno el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, estaría estudiando la posibilidad de pedir el jurado de enjuiciamiento contra dos magistrados.

El jury es el mecanismo por el cual se procede a la destitución de jueces, defensores oficiales, miembros del Tribunal de Cuentas, el contador y el tesorero de la provincia.

El titular del Quinto Juzgado Civil, Carlos Macchi, y el actual camarista civil Roberto Pagés Lloveras (quien estuvo a cargo del Cuarto Juzgado Civil), serían los dos jueces que estarían en la mira del doctor De Sanctis.

En los juzgados de ambos magistrados se habrían tramitado expedientes de los casos que está investigando la titular del Quinto Juzgado de Instrucción Penal, María Inés Rosellot, magistrada a cargo de la causa de las expropiaciones.

Macchi y Pagés seguirían el mismo camino que la ex jueza Rosalba Marún de Sobelvio, otra de las involucradas en el caso de las expropiaciones, a quien se le pidió el jury, el que fue admitido por el Jurado de Enjuiciamiento. Sin embargo, el procedimiento no prosperó porque la magistrada renunció a su cargo para acogerse al beneficio jubilatorio, que le fue concedido por la ANSES el 1 de enero con el beneficio del 82% móvil. De esta manera abandonó su cargo en forma efectiva, y ya sin fueros, podrá ser indagada por la jueza Rosellot.

Según señalaron las mismas fuentes, la idea del fiscal de Estado es presentar el pedido de jury contra uno de los jueces, en el mes de febrero, y posteriormente, presentar el segundo.

Carlos Macchi sería el primer juez al que el Fiscal de Estado pediría la destitución. El juez del Quinto Juzgado Civil habría ordenado pagar en el mismo expediente del Parque de Mayo bienes que no se sabe si existieron y en el mismo caso, permitir que el abogado Santiago Graffigna, uno de los principales sospechosos, pudiera litigar dos años sin poder, cuando la ley autoriza sólo un máximo de 60 días.

También habría dejado afuera las pericias del Tribunal de Tasaciones en el caso de un inmueble expropiado en el departamento Iglesia, para poder hacer el dique Cuesta del Viento.

Proceso

Una vez concluida la feria judicial, la jueza María Inés Rosellot podría llamar a indagatoria, entre febrero y marzo, entre otros, a los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, los ex integrantes del Tribunal de Tasaciones de la Provincia, el ex fiscal de Estado Mario Díaz, un empleado de Recursos Hídricos, la ex juez Rosalba Marún de Sobelvio y la ex perito de la Fiscalía de Estado, Ana María Melvin.

Causas que se investigan

Entre las causas que se investigan está la expropiación del Canal Playas, actual Benavídez, por 70 millones de pesos; terrenos en Iglesia para la construcción del Dique Cuesta Viento por 10 millones de pesos y los terrenos del Parque de Mayo, juicio por una cifra cercana a los 1.000 millones de pesos (incluye valor del terreno y honorarios de los profesionales).