Fue en una reunión entre organizaciones sociales, funcionarios y concejales. Las autoridades aseguraron que rezonificarán barrios ahora considerados ‘rurales’ para que rija en ellos la limitación del uso del glifosato, entre otros. Una ordenanza municipal lo respalda. Esperan resultados de análisis clínicos para determinar la influencia en la salud.
La normativa 1.116, en su artículo 11, limita la implementación de sustancias dañinas para la salud humana a zonas que se encuentren a al menos 500 metros de áreas pobladas, pero nada dice sobre su aplicación en zonas no urbanas. La nomenclatura de uso de los vecindarios afectados pertenece a ese grupo, aunque su última revisión se realizó durante la dictadura militar, según reconocieron las autoridades durante el encuentro con la Coordinadora Ambiental Sur, un colectivo que hace siete meses se conformó para aglutinar a agrupaciones que defienden el derecho de vivir en un espacio saludable.
La secretaria de Salud local, Marisa Mazzuchelli, y su par de Medio Ambiente, José Almeida Sume, recibieron a la comitiva y fueron los que “se comprometieron a cumplir la ordenanza” y a que quienes fumiguen respondan a los requisitos, entre los que se cuentan “avisar con 15 días de anticipación y plantar una barrera forestal de unas tres hileras de árboles en los bordes de los campos, que no están y si la colocaran ahora tardarían unos 10 años en crecer”, le explicó a LA TERCERA Julián Pogonza, miembro del Proyecto Cultural Los Otros, una de las fuerzas que representa la reciente red.
Además, esperan los resultados de análisis clínicos de dos casos agudos que se detectaron en un operativo sanitario que requirió “unas 30 carpetas médicas”. Se les realizaron autopsias para determinar si sus cuadros críticos son consecuencia de la exposición indebida a los agrotóxicos, aunque los vecinos no dejaron de observar lo complejo que puede llegar a ser para un profesional ponerle la firma a semejante diagnóstico. No obstante, la funcionaria aseguró que realizará “un estudio estadístico de casos, para verificar si en esos barrios aparecen más problemas en la piel y respiratorios”, transmitió el docente.
Al mismo tiempo, esperan las respuestas de los análisis de agua y suelo que el Ejecutivo aseguró haber encargado a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), según les informaron en una reunión anterior con el secretario de Gobierno Oscar Quirós. “Estamos en alerta todo el tiempo y en comunicación constante”, recalcó Pogonza.
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