El descubrimiento de nuevas reservas de gas y petróleo por parte de YPF le brindó al Gobierno, las petroleras, las provincias productoras y los trabajadores del sector el escenario indicado para aplicar una medida que fue anunciada con menos estridencia. Se trata, ni más ni menos, de fuertes incrementos en el precio de una parte del gas que consumen las industrias, que en algunos casos se triplicará, como anticipó El Cronista.

En medio del anuncio de ayer, la presidenta Cristina Fernández, el gobernador neuquino Jorge Sapag y el titular del sindicato petrolero de esa provincia, Guillermo Pereyra, firmaron el “Acuerdo para viabilizar el desarrollo de yacimientos gasíferos de lutitas o Shale Gas”. En dos carillas y media plasmaron la promesa de la primera mandataria de responder a algunos de los mayores reclamos del sector.

En su artículo cuarto, sostiene que el precio de comercialización del nuevo gas “tendrá como escalón inferior de precios el mayor precio de adquisición de Cammesa para los yacimientos de tight gas ubicados en la Cuenca Neuquina”. También aclara que el escalón superior de precio se elegirá entre la importación de Bolivia o los barcos que llegan a Bahía Blanca con gas licuado, siempre el más alto.

En la práctica, significa que la producción derivada de yacimientos no convencionales se ubicará en una banda entre los u$s 4,50 y los u$s 7,5 el millón de BTU (la unidad de medida), muy por encima de los u$s 2,2 que paga en promedio hasta ahora el sector productivo. El valor final que obtendrá cada proyecto será estipulado por la Secretaría de Energía, a cargo de Daniel Cameron, y estará vinculado con su complejidad.

Los aumentos se justifican, de acuerdo con empresas y funcionarios, en cuestiones técnicas. El desarrollo del gas no convencional es sensiblemente más caro que el tradicional. Extraerlo puede costar hasta tres veces más e implica riesgos tecnológicos, por lo cual las petroleras piden desde hace meses un “premio extra” que las estimule a orientarse a esa búsqueda.

Sin cortes

Otro renglón importante del acuerdo apunta que el nuevo gas será destinado al sector productivo y que “no será en ningún caso afectado por redireccionamientos hacia otros consumidores distintos de dichos usuarios”. El objetivo es resguardar la “viabilidad de las actividades productivas que se desarrollen asociadas al consumo” de esos volúmenes. En otros términos, implica la promesa oficial de que el Gobierno no cortará el suministro a empresas durante el invierno, como ocurre desde 2005.

Enrique Eskenazi, el mayor de la familia y vicepresidente de YPF, aseguró que eso depende de la “racionalidad política”.

Ese punto es uno de los que más atrae a las grandes empresas consumidoras. Los encargados de comprar gas y electricidad en los mayores complejos productivos del país suelen asegurar que “la energía más cara es la que no se tiene”. Con esa máxima en la memoria y la promesa oficial de evitar cortes, hay muchos que sugieren en conversaciones informales estar dispuestos a pagar más caro por el gas. Las compañías del polo petroquímico de Bahía Blanca, como Dow, Solvay y Profertil; la minera brasileña Vale, con operaciones en Mendoza y Pampa Energía, entre otras.

El debut del gas no convencional en el sector productivo es inminente. De acuerdo con Sapag, cuya provincia es una de las mayores beneficiadas con el aumento de precios, “el 1´ de enero (la petrolera) Apache va a estar en condiciones de producir 1,5 millón de metros cúbicos y se lo va a vender a Pampa para su Central Térmica de Loma La Lata a u$s 5 el millón de BTU”.