Tras la oficialización de un aumento del impuesto inmobiliario en Goya, surgieron comentarios desde diferentes instituciones en los que reconocían la necesidad de que se actualizaran las tarifas pero coincidían en la forma en que se había implementado y el porcentaje que no se ajustaría a las normas vigentes. Fueron varios los ciudadanos que realizaron presentaciones judiciales para intentar frenar la aplicación de los nuevos valores. A esto ahora se sumó la emisión de un comunicado rubricado por varias entidades en el que dan los fundamentos por los cuales consideran ilegal la modificación y al mismo tiempo piden al Ejecutivo que revea su decisión y que sea el Concejo el que defina los costos.

En el mencionado escrito precisan que la resolución emitida desde el Municipio y que fija una revalorización fiscal del valor de los inmuebles de la ciudad de Goya, implica en determinados casos, un aumento del 2.000% con respecto al período fiscal anterior.

Después señalan que la actualización de los montos fue fijada por el Ejecutivo Municipal pese a que la Carta Orgánica y la Constitución determinarían que es facultad del Concejo Deliberante.

En ese sentido hacen referencia a un artículo de la normativa municipal que expresa que se “requerirá doble lectura para la aprobación de las ordenanzas que dispongan crear nuevos tributos o aumentar los existentes”.

Asimismo, advierten que en la resolución emitida por el Ejecutivo no está claro en base a qué valuación fijó los nuevos montos del tributo.

Y?por último, apelan a “que recapacite y deje sin efecto el aumento del tributo inmobiliario, delegando la decisión a los órganos competentes”.

Pero además de este pedido público, existen presentaciones judiciales de particulares. Uno de los abogados dijo a El Litoral: ?“Presenté una acción de amparo con una medida de no innovar. Y?días atrás, el Juez de Primera Instancia desestimó la medida precautoria pero dio curso al amparo”.

“Por esta razón, seguiremos trabajando en ese tema porque no es una cuestión de dinero, sino de formas. Consideramos que fue incorrecta y arbitraria la actualización”, manifestó el asesor letrado.

Señalando que su cliente de $400 pasó pagar cerca de $11 mil anuales.