La Comisión Investigadora de Juicio Político ya corrió traslado de la denuncia a la Gobernadora, la que cuenta desde el martes con un plazo de 5 días hábiles para efectuar su descargo y ofrecer prueba.

La CGT fueguina ingreso el 17 de abril a la Legislatura un pedido de juicio político contra la gobernadora Fabiana Ríos por supuesto mal desempeño de funciones ante la falta de pago de aportes y contribuciones entre 2008 y 2012.Según el escrito esa deuda ascendería a $ 219.176.537,36. Allí se destaca, además, que «no dio cumplimiento con la Ley 676, y el compromiso de pago previsional mensual que esta norma crea, que es una obligación de efectivo cumplimiento».

Los legisladores Amanda del Corro, del bloque oficialista del Partido Social Patagónico, Liliana Martínez Allende, de la Unión Cívica Radical, y Damián Löffler, del Movimiento Popular Fueguino, resultaron elegidos para integrar la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora de Juicio Político.

Sin embargo desde la CGT adelantaron hoy que recursaran a aquellos legisladores que tomaron postura opinando sobre el caso en los medios. “Una legisladora que esta en la comisión de investigación la vamos a recusar porque ya ha manifestado su posición y ha tomado parte, pediremos que no este en la parte investigativa de estos 30 días que tienen, sino que directamente vote en la parte final”, dijo Juan Carlos Arias, representante de prensa de la CGT Ushuaia en declaraciones a Fm Aire Libre.

Agregó que “es un juicio político, ya se atravesó en otro momento un proceso donde un gobernador fue suspendido y otro donde fue destituido en ese entonces Jorge Colazo, lo que nosotros dijimos en ese momento es que por mucha menos plata Colazo fue destituido. Si es por los montos esta gobernadora estaría inhabilitada por diez mandatos”.

Además aseguró que los legisladores “tienen todo para investigar y como representantes del pueblo lo tienen que hacer bien, ya algunos han tomado postura antes de tener la documentación siquiera y en esos casos los vamos a recusar”.

La primera en ser recusada es la legisladora que forma parte de la comisión investigadora, Amanda Del Corro. “Salió a hacer declaraciones por los medios y estamos buscando declaraciones de otros y los presentaremos como prueba para que se aparten. Éticamente se tendrían que apartar al tomar parte”, sumó Arias.

Finalmente dijo que “queda evidenciado que el juicio político ya ha comenzado a no ser claro y transparente de cara a la sociedad”.