Este documento fue acompañado por todos los concejales, con excepción Santiago Cafiero y Leandro Martín, pertenecientes al bloque Partido Justicialista. El cuerpo solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al gobernador y al ministerio de Justicia bonaerense, así como a las cámaras de apelación departamentales, al Colegio de Abogados de San Isidro, informen si se han llevado a cabo gestiones tendientes a poner en funcionamiento dependencia donde se desarrollen actividades jurisdiccionales del Departamento Judicial de San Isidro en la Ciudad de Beccar y, en su caso, indique con precisión lugar de las mismas. Asimismo, deberán informar sobre el estado de avance respecto de la construcción de la Ciudad Judicial del Departamento Judicial de San Isidro, tal como fuera requerido mediante resolución Nº 11/2009. En la exposición de motivos que forma parte de la resolución remite a versiones periodísticas que indicarían el pronto emplazamiento y puesta en funcionamiento de nuevas dependencias destinadas al desarrollo de actividades jurisdiccionales del Departamento Judicial de San Isidro en Beccar. En los considerandos recuerda que el cuerpo se expidió categóricamente, mediante sendas resoluciones de 2008 y 2009 en la necesidad de que los nuevos emplazamientos se lleven a cabo en zonas de adecuada accesibilidad, disminuyendo la conflictividad que genera su actual ubicación en el Área Central de la Ciudad de San Isidro. En el mismo sentido el cuerpo se expidió señalando que la solución definitiva a este tema se obtendrá con la construcción de la Ciudad Judicial en los terrenos propiedad de la Provincia de Buenos Aires, ubicados en la Ciudad de Boulogne con frente a la calle Bernardo de Irigoyen, los que actualmente se encuentran ocupados por la entidad civil “DIMA”. Luego resalta que requirió a la Suprema Corte, al Gobierno y al Ministerio de Justicia bonaerense que “cualquier emplazamiento de dependencias donde se fueran a desarrollar actividades jurisdiccionales, cuente con las respectivas autorizaciones municipales y se erijan en zonas con uso conforme al Código de Ordenamiento Urbano.” Finalmente el cuerpo rechaza la posibilidad de instalar cualquier dependencia jurisdiccional, no sólo en los terrenos de la ex usina Santa Elena sino también sobre la Av. Centenario en la ciudad de Beccar.